Alcaldía justificó remate de inmueble en la calle Litoral

El director de Administración Tributaria del Gobierno Municipal de La Paz, Ronald Cortez, aseveró que la Comuna demostrará legalmente su actuación sustentada en el Código Tributario respecto al remate de un bien inmueble de la familia Terrazas de la zona Miraflores acaecido el 2007, cuyos familiares iniciaron este viernes un nuevo proceso judicial contra Cortez por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a las normas bolivianas.

“No es el primer proceso que inicia esa familia a la Administración Tributaria. Se dio un proceso penal antes, hicieron todos los recursos hasta un Amparo Constitucional por el remate que salió a favor de la Comuna… lamentablemente para ellos esas primeras acciones salieron rechazadas, no se encontró justificativo ni fundamento para indicar que la Administración Tributaria haya cometido algún delito”, explicó Cortez.

“El argumento legal está establecido en el Código Tributario, ahí están establecidas todas las facultades de la Administración Tributaria, sus competencias, alcances y todo cuanto se trata de recuperar los recursos del Estado”, así respondió Cortez al nuevo proceso judicial instaurado en su contra por la familia Terrazas, por el remate de un bien inmueble de la calle Litoral números 1340 y 1326 de la zona Miraflores.

El 26 de octubre de 2001 la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz emitió la Resolución Determinativa 02328/2001 contra la contribuyente Bertha “Saby” Uría de Terrazas, por la deuda del pago de impuestos a la propiedad inmueble.

El 4 de marzo de 2002 Uría fue notificada para el pago de 16.095 bolivianos, más multas e intereses. En marzo de ese año se emitió el primer mandamiento de embargo.

El 2006 el inmueble se remató sobre la base de 474. 616, 03 y se adjudicó Erick Cristian Prado Uscamayta, en Bs. 572.000.

Después del remate, el 2007 se dio un proceso penal contra la Administración Tributaria de la Comuna, el mismo que fue apelado en varias instancias judiciales hasta llegar a un Amparo Constitucional cuya resolución salió favoreciendo a la Comuna.