Cordero ve intención de incautar recursos privados

El pasado jueves, la Comisión de Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó en sus estaciones en grande y detalle, el proyecto de Ley de Seguro de Vida, Contra Accidentes y Enfermedades de las y los Trabajadores de la Prensa. Las observaciones a la norma se centran en la falta de consenso y el manejo de recursos. Analistas afirman que el Gobierno pretende incautar recursos privados de las empresas de los medios de comunicación.

Para el analista Carlos Cordero, el objetivo del Ejecutivo en esta Ley es mermar los ingresos económicos de los medios de comunicación, que en un mayor porcentaje se sostiene con la publicidad, este aspecto afectaría también al salario de los trabajadores de la prensa.

“Si se afecta a la publicidad, los medios tendrán que incrementar los precios a las empresas para difundir la publicidad. Esto a la vez afectará a las empresas que tendrán elevar el precio de sus productos y esto afectaría al consumidor. Eso sin tomar en cuenta que el salario de los trabajadores también se verá afectado”, aclaró.

Por otro lado, Cordero considera que el aparato estatal no prioriza una norma de seguro de vida para otros sectores que necesitan con mayor urgencia una ley que los beneficie y resguarde, porque pretende a través de una estrategia política “disciplinar” a los medios privados.

“El Gobierno tiene la intención de copar todos los sectores y poderes. Quiere copar a los medios privados, tiene más medios estatales. En este momento la mejor estrategia es ponerles esta carga social”, manifestó.

A su turno, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, señaló que el régimen tiene la intención de debilitar la estructura financiera de los medios de comunicación para que éstos con el tiempo, tengan que cerrar.

“También los medios pequeños se verán afectados, porque se generará en ellos un efecto cascada por los aportes que tendrán que hacer y que su economía no podrá soportar”, enfatizó.

Agregó que el Gobierno debería haber priorizado una norma similar para sectores como la Policía, trabajadoras sexuales, empleados de centros nocturnos, entre otros y “no tapar el sol con un dedo, aprobando leyes coyunturales sólo por la sensible muerte de dos periodistas. Se debe dar seguridad a los periodistas en su tarea de cobertura diaria porque el Gobierno es el primer transgresor de los derechos del trabajo de los periodistas. Un ejemplo es la represión en Chaparina, por lo que nos parece una norma un tanto hipócrita”, citó.

Según las fuentes gubernamentales, el proyecto fue consensuado con “todos los sectores de la prensa” e incluso se hicieron modificaciones con la coordinación de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.