La Directora del Centro Gregoria Apaza, Magali Chávez, denunció en días pasados que la Asamblea Legislativa no prioriza el tratamiento del proyecto de ley de penalización al feminicidio a pesar de las constantes denuncias de mujeres que sufren por estos factores en la urbe alteña.
Según la entrevistada, la mayoría de los casos de muerte violenta de mujeres por parte de sus compañeros o esposos, fueron tipificados por los delitos de homicidio por emoción violenta, bajo el argumento de que los victimadores se encontraban bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o droga.
De acuerdo con el actual Código Penal (CP), dicho delito establece: “El que matare a otro en estado de emoción violenta excusable o impulsado por móviles honorables, será sancionado con reclusión de uno a seis años. Siendo de dos a ocho años la sanción para quienes mataren a su conyugue o ascendientes, descendientes, convivientes en dicho estado”.
Mientras que la propuesta efectuada por parte de la red en contra de la violencia y el feminicidio de las mujeres propone una sanción máxima de 30 años, similar a la tipificación de asesinato, sin derecho a indulto, por tratarse de una muerte violenta donde el agresor genera una constante en contra de su compañera, esposa o concubina.
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