Opositores, oficialistas y sectores evalúan resultados de la Ley 045

La Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación cumplió ayer dos años desde su promulgación. Los resultados fueron evaluados por sectores sociales, oposición y oficialismo. La mayoría coincide en la norma es ambigua y es utilizada políticamente por el Gobierno.

De acuerdo con la diputada por Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, esta normativa no ha contribuido en la disminución de los hechos de racismo y discriminación. Destacó que esta ley es utilizada políticamente por las autoridades para continuar con la llamada persecución o judicialización de la política.

“Parece que esta norma se hizo al calor del momento, buscando una vendetta política por los hechos de Sucre, para descabezar autoridades electas. La ambigüedad de esta norma sólo sirve para perseguir políticos, como en el caso de la diputada Adriana Gil. Todo lo convierten en racismo y discriminación y no coartan la libertad de expresión”, manifestó.

A su turno, el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Lázaro Tacoó aseguró que la Ley 045, sólo sirve “de nombre”, ya que los gobernantes “son los principales discriminadores y racistas de los pueblos indígenas”.

“No hay un comportamiento humano en el presidente, le encanta dividir a los pueblos indígenas. A nivel internacional quiere que todos piensen que es un defensor de nuestros derechos, pero eso es falso”, lamentó.

Sin embargo, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Aparicio, tiene un criterio distinto al respecto. Para el legislador chuquisaqueño la Ley 045 en Contra del Racismo y Toda Forma de Discriminación contribuyó notablemente a consolidar una convivencia de paz en el país.

“Los hechos como el de Sucre (24 de mayo) cuando un grupo de campesinos fue golpeado, no se han vuelto a repetir, ya no hay pateaduras a mujeres originarias campesinas. Ahora se permite la entrada de la gente del MAS a la plaza principal de Sucre, es un importante avance el de esta norma”, dijo.

El proyecto fue propuesto por el diputado afroboliviano del MAS, Jorge Medina, en abril de 2010 con el denominativo de Ley Pedro Andaveres. Sin embargo, tras su paso por el Ejecutivo, esta norma terminó ideologizada con temas como el caso 24 de Mayo, el Porvenir y otros del contexto caótico político de los primeros años del proceso de cambio. Luego fueron ingresados dos artículos, denominados “mordaza”, que alertaron los riesgos sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Pese a las movilizaciones de la prensa y de la sociedad civil, la norma fue aprobada bajo presión del Pacto de Unidad, sin modificaciones y su promulgación se dio el 8 de octubre de ese mismo año.