Los críticos “dos tercios”

Cuando el Parlamento, en el caso específico la Asamblea Legislativa, pierde su independencia se convierte en una sucursal o mero apéndice del Órgano Ejecutivo, dejando en segundo plano el mandato popular recibido. Quienes consideran a los legisladores del oficialismo como agentes, con el único objetivo de votar bajo las consignas impartidas, ponen de manifiesto su falta de sentido democrático y confunden este sistema político en simple apariencia, en tales condiciones el Gobierno del Estado se torna en realidad en una dictadura con fachada democrática.

Como razón de semejante sometimiento se saca a relucir la “disciplina partidaria”, conforme a la cual diputados y senadores no son otra cosa que obedientes servidores de las directivas que imparte el partido. En el fondo, quienes se prestan a este manejo carecen de conciencia y de criterio propio que les permita discriminar lo bueno de lo malo, poniendo a la colectividad a merced de los caprichos de los que desde las más altas posiciones políticas hacen y deshacen. Una actuación tal está lejos de consultar los altos intereses nacionales, limitándose a secundar designios sectarios.

Hay en este plan un desprecio a la personalidad individual y sólo valen los legisladores como fichas dirigidas a control remoto, según las conveniencias señaladas. Es un olímpico desprecio a los derechos humanos, para decirlo en términos actuales. Por consiguiente los “padres de la Patria” no hacen otra cosa que asistir a las sesiones camarales, levantar la mano según la consigna, cobrar sueldos y gozar de otras prebendas gracias a las contribuciones tributarias. Papel, por supuesto, nada decoroso. No en vano el oficialismo prefirió conformar su bancada con gente sin suficiente conocimiento de la problemática nacional.

Lo anterior viene a propósito de la condena de la Comisión de Ética de Diputados a Adriana Gil de la bancada opositora, quien conforme a dicho fallo debía ser sancionada con tres meses de suspensión de sus funciones bajo el cargo de discriminación contra el presidente Evo Morales, por denuncia comedida del viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. Empero saliendo de la rutina el pleno de la Cámara Baja emitió 75 votos a favor del informe contra 48 en contra, sin lograr los 2/3 del caso. Este resultado honra -inclusive con algunos votos oficialistas- el derecho de libre expresión. Lo cierto es que la diputada Gil opinó en cuanto al tema del TIPNIS en sentido de que el primer mandatario fue “desleal” con sus antiguos aliados indígenas, en vista de todas las circunstancias conocidas.

En ningún caso ello constituía discriminación alguna hacia don Evo Morales y sus expresiones estuvieron amparadas en el Artículo 151 de la Constitución, que hace a los parlamentarios inviolables por todo género de declaraciones, fiscalización y actos propios de su función. Esta previsión constitucional era de preferente aplicación respecto al Reglamento Interno de Diputados y además excluyente de la denuncia de un funcionario ajeno al Órgano Legislativo. ¿No se trata acaso de una reglamentación interna? Pudo más la obsecuencia y prevención de la indicada Comisión contra su colega opositora.