Santa Cruz.- El asesor jurídico de la Alcaldía José Negrete, aclaró que son tres los procesos que enfrenta el alcalde Percy Fernández, con los medios de comunicación, como red Unitel, el periódico El Deber y un periodista de Televisión Universitaria, por lo que se presentará a declarar en la casa de justicia de la villa primero de mayo por el caso Unitel, según el boletín oficial del Concejo Municipal de esta institución.
Los demás juicios que enfrenta, no es como persona civil, sino como Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
“Hemos sido notificado por parte del fiscal Ángel Álvarez para que Percy Fernández se presente en la casa de justicia de la Villa 1ero de Mayo por un incidente minúsculo suscitado en la Plaza de la Villa en fecha 13 de septiembre, y el alcalde si se va hacer presente al llamamiento de las autoridades, porque el alcalde conoce de las leyes y acatará lo que disponga la ley”, aseguró Negrete.
CASO SOLVI
Respecto a una marcha convocada por la Federación de Juntas Vecinales, Fejuve, en contra de la renovación del contrato con la empresa de aseo Solvi, le restó importancia indicando que la convocatoria fue hecha por la Fejuve paralela, que lidera Abad Lino, quien respondería a intereses de la UCS y Roberto Fernández, por lo que no es reconocida oficialmente como la que lidera Pedro Zabala.
Negrete manifestó que todos los habitantes de este país tienen el derecho de discernir y protestar sin denigrar a nadie, esto refiriéndose a la palabra corrupción que hubiesen mencionado los marchistas.
“Toda denuncia de corrupción debe ser llevada a las instancias que correspondan, nosotros respetamos su posición pero no admitimos ni aceptamos la palabra corrupción, desacreditamos la posición de estos señores en esta marcha anunciada por que es tendencioso, malintencionado y de mala fe”, manifestó.
Dejó abierta la posibilidad de abrir un proceso bajo el delito de desacato, enfatizando que no se puede llamar a nadie corrupto sino se cuenta con una sentencia ejecutoriada.
DESPIDOS EN EL CONCEJO
El asesor jurídico indicó que los cambios en el Concejo Municipal se deben a solicitud por escrita de los mismos concejales que han manifestado querer trabajar con su entorno de confianza. Los asesores, profesionales de apoyo y demás personal, vienen trabajando desde la gestión 2005 – 2010, posteriormente cuando asumieron los siete concejales de SPT (Santa Cruz Para Todos) también realizaron cambios profundos, ahora que hay otros ediles, es lógico que quieran tener gente que goce de su confianza.
Ante la amenaza de los funcionarios retirados de iniciar procesos ante la dirección del trabajo, el asesor dijo que aquellos empleados que hubiesen sido contratados después del 29 de octubre de 1999 bajo la Ley de Municipalidades, no gozan de los beneficios de la ley General del Trabajo, ya que la ley de Municipalidades estipula que la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) tiene la facultad de designar y retirar a Oficiales Mayores, Secretarios y Funcionarios del Gobierno Municipal, pese a todo se presentarán los descargos respectivos para hacer prevalecer los derechos del Gobierno Municipal.
En cuanto al caso de la Concejala Sibele Ortiz, mencionó que no fue despedida, sino suspendida en aplicación del artículo 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías, y que ya existe una jurisprudencia de casos anteriores de concejalas que han pretendido retornar a su funciones en estado de gestación, y el tribunal Constitucional ha manifestado que como se trata de funcionarios electos no gozan de la protección de la fuente laboral, pero sí de los beneficios que van a proteger la vida del menor, como los subsidios pre y post natal los cuales son innegables, pero no corresponde el retorno a sus funciones y tampoco el goce de haberes por el tiempo que no ha estado trabajando.
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