Proponen modificar normas jurídicas para que los linchamientos disminuyan

El seminario “Linchamientos-causas, consecuencias y soluciones”, desarrollado por la Unión Europea, emitió, como una de sus conclusiones, la propuesta de modificar el Código Penal e incrementar la presencia del Estado en regiones aisladas para que se disminuyan los casos de linchamiento a presuntos criminales.

De acuerdo con Jacob Tamm, asesor político de la Unión Europea, recordó que ayer se celebraron 30 años de la democracia en Bolivia y el Día Internacional Contra la Pena de Muerte por lo que pidió mantener el valor de la vida.

“Se busca verificar sus causas, efectos y sobre todo trazar acciones conjuntas para prevenir los linchamientos. A nivel latinoamericano, Bolivia se encuentra con los índices más altos de estos delitos en la región. Además mediante unas encuestas del territorio nacional se establece que el 40% de la población estaría en favor de la justicia por mano propia. Por lo tanto, nosotros queremos construir una confianza importante entre las organizaciones del Estado para contribuir a promover el mayor y mejor acceso de la población a la justicia para evitar los problemas de linchamiento”, explicó.

En tanto que la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, en su participación dio a conocer que el Gobierno propone modificar las normas para no permitir los linchamientos.

“Debemos trabajar para que la justicia llegue a los barrios y a las zonas donde estas características se deban trabajar llegando a la población marginal e impartiendo justicia en los municipios, la cual estará acompañada por una normativa adecuada donde la conciliación representa un paso obligatorio y una voluntad de la población con la finalidad de erradicar el linchamiento”, explicó la autoridad.

Entre otras propuestas dadas a conocer por la titular de justicia, se menciona la aplicación de un plan sectorial de justicia plural y la propia aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, normas que podrán modificar, incluso, el hecho de que en las cárceles el 80% de los detenido se encuentran en condiciones preventivas haciendo que este porcentaje pueda tener una sentencia adecuada.

Por otra parte, en observación de la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañiquez, se identificó una notable desprotección a la ciudadanía por parte de las entidades del Estado, además de la aplicación de normas jurídicas de tipo iberoamericano, que no se acondiciona a nuestra realidad. “Se protege más al delincuente que a la víctima, esto cambia con las nuevas políticas criminales que van mundialmente aflorando pero las cuales no están acondicionadas a nuestra realidad”, explicó la autoridad.

Según la versión de Yañiquez, con la aplicación de los actuales códigos penales se originaron los linchamientos porque la gente observa que el juez ha dado libertad al que cometió algún ilícito con la entrega de un certificado de domicilio o trabajo.

“Por eso es que las autoridades deben hacer una reflexión, porque los delincuentes tienen más abogados, mientras que la víctima sólo se apoya en el Fiscal que está recargado de casos y tienen que velar por todos, es por eso que todas esas diferencias han hecho que la gente haya reaccionado; es plausible la creación de nuevas políticas que se proponen para modificar las normas y procedimientos penales”, explicó la fiscal Yañiquez.

Finalmente para el representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, el Estado es responsable de que no se llegue a sancionar a los responsables de la comisión de un delito, incluyendo el propio linchamiento.

“Está en juego la responsabilidad del Estado, cuando no se haya implementado todas las medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, que promueven la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren las eventuales violaciones de los mismos sean sancionadas por ser un hecho ilícito”, concluyó.