La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, aseguró a EL DIARIO que solicitará un proceso de investigación ante el maltrato que habrían sufrido efectivos policiales y militares en Challapata el pasado martes junto a supuestos excesos en el operativo emprendido por los uniformados en contra del contrabando.
Asimismo, la autoridad dio a conocer que las acciones del Gobierno en contra de la comisión de delitos, como el contrabando, la falsificación de dinero, falsificación de documentos y narcotráfico que se han registrado desde el 2010 en la región de Challapata, seguirán a pesar de la resistencia de quienes están involucrados con dichos ilícitos.
“Challapata es un problema que se acrecienta en los últimos años, porque hay un sector de la población que está cometiendo una serie de hechos delictivos que deben ser intervenidos y se tienen que cortar con la finalidad de que se impere una acción dinámica, donde nuestro Gobierno está tomando acciones. De acuerdo con los reportes, lamentamos los resultados acaecidos en la región con la muerte de dos personas y cinco heridos”, afirmó Ayllón.
Según la versión de la autoridad de Gobierno, los hechos acontecidos en la localidad de Challapata dieron como resultado también algunos heridos por parte de los militares, quienes habrían sido golpeados y flagelados con acciones extremas que se convierten en delitos al tomar en cuenta que fue una acción bajo orden judicial y que ellos sólo cumplían con lo mandado.
“Por lo tanto, deben ser investigados por las autoridades competentes, los fiscales y los jueces quienes deberán averiguar las circunstancias que han rodeado a las personas fallecidas y a las personas heridas incluidos los propios uniformados, quienes estaban respondiendo a una orden judicial y fueron retenidos y golpeados”, indicó.
Por otra parte, la titular del Ministerio de Justicia confirmó que 400 vehículos fueron incautados en 15 talleres mecánicos donde además se decomisó documentación fraguada junto a billetes falsos, lo que ocasiona otros supuestos delitos en este proceso de investigación.
“En la intervención participaron autoridades competentes, como la propia Fiscalía, el Control Operativo Aduanero (COA) y las instancias de resguardo militar y policial, que tienen la finalidad de recuperar el estado de derecho y la tranquilidad del pueblo, porque no estamos hablando de toda la población, sino de personas que cometieron dichos ilícitos y que atemorizaban a los propios lugareños”, concluyó la autoridad.
Según los informes, desde el lugar de los hechos, la calma regresó a la localidad aunque la presencia policial y militar permanece junto a diversas restricciones.
“Por el momento no se tiene una contra orden para retornar a nuestras unidades, mientras la comisión de fiscales, funcionarios de la Aduana Nacional y el Control Operativo Aduanero realicen su labor de investigar y continuar con los procedimientos en contra del contrabando registrados en la localidad”, explicó una de las autoridades policiales que solicitó la reserva de su identificación.
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