En no lejano pasado, los gobiernos que confrontaban fuerte oposición de los partidos políticos, especialmente los regímenes dictatoriales, según sus directivas, se vieron obligados a apresar, perseguir y hasta desterrar a sus contrincantes; sin embargo, de tanto en tanto -y muy especialmente para Navidad y Año Nuevo- dictaban amnistías irrestrictas a objeto de “reconciliar a la familia boliviana” como ellos mismos anotaban; por supuesto, no todos los desterrados del país retornaban porque ya habían encontrado modos de vida en otras tierras y además, porque, en muchos casos, dudaban de que esa amnistía tenga duración.
El caso resulta bien traerlo a colación dado que, desde hace mucho tiempo, es hora de que el Gobierno piense en la máxima de que gobernar es servir y servir es amar, tener caridad y comprensión con el pueblo y en grado extremo con quienes disienten en la forma de pensar con las autoridades. La verdad es que desde el mes de enero de 2006 se vive situaciones de mucha intranquilidad, de enconos y rivalidades que en su mayoría no tienen razón de ser; pero, como el régimen del MAS siente que “debe reivindicar lo que hace mucho tiempo habrían sufrido los indígenas u originarios”, creyó que llegó el momento de hacer sentir a los “kharas” lo que habían pasado y sentido en el pasado.
Haya sucedido como señalan los propugnadores de las venganzas, la verdad es que ninguna de las últimas generaciones de bolivianos compartió los abusos y atropello a derechos humanos que se hayan sucedido durante la colonia y hasta en tiempos republicanos de nuestro país. En concreto, la nación o República boliviana no puede pagar lo que otros habrían hecho, especialmente si en la misma actualidad campesinos, indígenas y originarios sufren injusticias que no deberían producirse; menos, por supuesto, ser víctimas porque son contrarios al partido de gobierno aunque en principio hayan comulgado con lo que propugnaban sobre políticas de cambio que no cambiaron nada.
Los “kharas” o clases altas y medias del país, también llamados gamonales, explotadores, rosqueros y calificados con muchos adjetivos, por gobernar quien gobierna, no han dejado de ser bolivianos, hijos de la misma Patria y tienen el derecho de vivir, trabajar y buscar felicidad en el propio terruño. Nadie, por poderoso que se crea, tiene derecho de privar de lo que no otorgaron. Creer que Bolivia es sólo de quienes tienen vocación “socialista” o protestan contra el imperio norteamericano o, en el pasado, lo hubiesen hecho contra el imperio soviético o cualquier régimen del mundo que haya pretendido imponer su voluntad arbitraria, viven equivocados porque hay que convenir en que todos los bolivianos tienen los mismos o más derechos que los que poseen cualquier poder, sea político, económico, social o cultural.
No corresponde, pues, que hayan bolivianos marginados, calificados hasta de delincuentes o que purguen en las cárceles faltas que no cometieron y, si son culpables, que sea conforme a ley, con la sentencia judicial debida y con el derecho de la defensa. Creer que hay bolivianos no dignos del respeto y consideración de la política partidista reinante es equivocar los principios y la vida misma porque nadie, mientras no se le pruebe debidamente, puede ser calificado como contrario al país y ni siquiera al régimen imperante porque la crítica, el reproche, el pedir que se cumpla con la Constitución y las leyes es deber de todo boliviano, como es deber del régimen administrar, gobernar el Estado, pero haciéndolo con humildad, con grandeza de espíritu y sentimientos, con vocación de servicio y con mucha conciencia de país.
Hoy, a casi siete años de gobierno, es tiempo de aprobar una amnistía para todos; no hacerlo querrá decir que hemos ingresado en tiempos donde las libertades y los derechos humanos no tienen validez alguna porque se prefiere tener el rechazo nacional antes que la amistad, el respeto, la cordialidad y hasta la aprobación de todo el país. Conviene tener en cuenta que nunca es conveniente, en uso de la democracia en que nos desenvolvemos, imitar conductas negativas del pasado y cuyo recuerdo es lacerante para los autores materiales e intelectuales de hechos contrarios a la Constitución y las leyes o sea aplicando el derecho de la fuerza cuando lo conveniente y digno es actuar con la fuerza del Derecho.
Otorgar una amnistía general a quienes se considera rivales o enemigos políticos es, en sus resultados, dar tranquilidad y confianza a todo el país.
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