Opositores cuestionan contrato con empresa “cocalera” para el tramo I dentro del Tipnis



El tramo I de la carretera que unirá a los departamentos de Cochabamba con Beni también comienza a generar polémica. El tramo II causó la movilización indígena y el tramo III ya fue cuestionado por el TIM que asegura no existió “consulta previa”.

Ante el anuncio de que productores de tres federaciones del trópico cochabambino serían socios de la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) que construirá el tramo I de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, de 47 kilómetros, junto a la Empresa Boliviana de Construcción (EBC) opositores cuestionan la contratación directa y las normas que se habrían vulnerado. Solicitaron una petición de informe al ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, para conocer las estipulaciones del proceso de contratación.

La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, manifestó que llama la atención que sin haber finalizado el proceso de consulta a las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), se inicie la construcción del tramo I, anunciando una petición de informe a las autoridades del Ejecutivo.

“El documento base de contrataciones tiene que decirnos el alcance, el costo y las consideraciones para definir más de 32 millones de dólares en la construcción del primer tramo”, dijo.

También cuestionó la forma de rescisión de contrato con la brasileña OAS, ya que la empresa habría iniciado el trabajo del tramo I.

“Lo que queremos preguntarle al ministro, es cuáles habrían sido los criterios de calificación de estas empresas para iniciar la construcción del tramo I, es decir, vamos a pedirle a Sánchez, que aclare de cara al país, lo que es una imposición por encima de la voluntad de los pueblos indígenas, por la demanda del pueblo boliviano por la preservación del parque nacional”, agregó.

Asimismo, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterios, señaló que no se estaría cumpliendo con la ley vigente yendo en función de una línea política y la dependencia a los sectores afines al Gobierno y que no se estaría tomando acciones efectivas en el marco de lo que establece la norma sobre contrataciones.

Monasterios indicó que el Gobierno estaría en la obligación de respetar la decisión de los pueblos indígenas cuando habrían manifestado su disconformidad en la construcción de la carretera y el Estado debería respetar esta decisión.

Por su parte, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eugenio Rojas, señaló que no conocería si se trataría de una empresa “cocalera” la que habría sido contratada para la construcción de la carretera del tramo I, pero calificó de “malo” si se conocería de una empresa procedente del trópico cochabambino; asimismo, indicó que “de todas formas” sería mejor que una empresa nacional ejecute la construcción de la carretera.

“Todo ciudadano, sobre todo si es boliviano, tiene derecho a ejecutar una obra o empresa, no por el hecho de que sea cocalero es delito sino que es una empresa legalmente constituida, si es estatal es mejor”, dijo.

El presidente Evo Morales firmó el pasado 6 de octubre el contrato de construcción del tramo I de Villa Tunari a Isinuta con 47 kilómetros y un costo de 32,5 millones de dólares.a

DATOS

- El tramo I va Villa Tunari a Isinuta con 47 km.

- El tramo II parte de ésta hacia Ichoa con 56 km. El ingreso al núcleo del Tipnis cubre 60 km entre San Antonio a Santo Domingo.

- El tramo III cubre 61 km hasta Monte Grande y 82 km para llegar a San Ignacio de Moxos.

 
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