Delegados de Challapata piden una medida que les permita no perder sus coches ‘chutos’

Mientras el Gobierno anunció que los 400 vehículos indocumentados que están en Challapata pasarán a la administración pública, los dueños de estos motorizados que están precintados en 15 garajes de aquella localidad esperan recuperar el dinero invertido y formas alternativas para trabajar y tener el sustento diario.

Los representantes señalaron que quieren una solución al problema del comercio ilegal de vehículos, solución que pasaría por un permiso especial para nacionalizar los citados 400 vehículos que representa todo su capital. Argumentan que fue interrumpido el último proceso de nacionalización, de manera que muchos se vieron perjudicados.

Una comisión liderada por autoridades de Challapata llegó anoche a la ciudad de La Paz para presentar al presidente Evo Morales una “plataforma de demandas”, en procura de solucionar el problema en esa población, tras la violenta intervención combinada de Policía y Ejército.

La comisión está integrada por el alcalde municipal de Challapata David Frías, el presidente del Concejo Pánfilo Condori Choque; el presidente del Comité de Vigilancia Felipe Canaviri Viracochea, el presidente de la organización territorial de base Juan Guzmán Mamani y otros concejales.

Las autoridades, dirigentes cívicos y vecinales de Challapata, capital de la provincia Avaroa del departamento de Oruro, reclaman una inmediata e imparcial investigación sobre la intervención militar-policial a esa población que dejó dos personas muertas y cinco heridos; el pedido tiene el objetivo de restablecer “el respeto a los derechos constitucionales y los derechos humanos de todos sus habitantes”.

La delegación llegó a La Paz con una “plataforma de demandas” que fue consensuada por el Comité en Pro de Defensa de la Provincia Avaroa, a tres días de la ejecución del operativo “Pichay” (limpieza) que se realizó con la intervención de militares, policías, fiscales y aduaneros, para incautar vehículos indocumentados.

La comisión solicita “una alternativa para la creación de fuentes de trabajo en el municipio de Challapata, la promulgación de una ley para el desarrollo integral de la provincia Avaroa, la creación de una zona franca y la aplicación de estrategias de solución del problema del comercio ilegal de vehículos indocumentados”.

Según las autoridades de Challapata, el operativo “ha causado temor en la población civil de esta ciudad, por los excesos cometidos en la aplicación del plan de intervención”.

“Reprochamos la acción por parte de las fuerzas conjuntas, por no considerar otras alternativas de solución del problema”, afirmaron durante una conferencia de prensa que se realizó ayer en Oruro, después de evaluar en un cabildo los resultados del operativo, donde murieron el estudiante de 17 años Omar Cruz y Oscar Ricardo Gómez Beltrán, de 27 años.

“Deploramos el abuso y la violencia cometidas por parte de las Fuerzas Armadas y pedimos a las autoridades nacionales, el respeto de los derechos constitucionales y los derechos humanos de todos los habitantes de esta ciudad intermedia de Challapata”, señala en uno de sus puntos la plataforma de demandas.

Por su parte el fiscal de Distrito de Oruro, Gonzalo Martínez, dijo que se ha dispuesto la investigación de la muerte de los dos vecinos de Challapata y, al mismo tiempo, se está preparando un informe completo sobre el precintado e incautación de vehículos indocumentados, ya que el operativo fue realizado con la participación de varios fiscales.