La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, manifestó que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes estaría en proceso de modificación en la estructura de dirección de monetización y administración de los bienes incautados propuestos por los asambleístas.
La asambleísta indicó que se trabajó la ley con el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce; el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el presidente de la Comisión de Constitución, subprocurador, presidentes de las comisiones del Senado, presidencias de ambas cámaras, donde se habría propuesto modificaciones con relación a la estructura como una dirección de monetización y administración de los bienes incautados.
“Lo que hemos visto es que existiría bastante desinformación, la próxima semana vamos a cerrar con el equipo de trabajo del Órgano Ejecutivo y Legislativo todos los puntos que se están ajustando”, aclaró.
Delgado, señaló que antes que ingrese a la Cámara de Diputados para su debate, el proyecto se sociabilizará a los sectores del país que habrían hecho llegar sus observaciones.
“Esa ley no va ingresar, no va ser aprobada si no es con previo consenso y especialmente con previo conocimiento de toda la Ley de su integralidad por los sectores que nos han hecho conocer sus observaciones y sus aportes a la Cámara de Diputados”, dijo.
Se le consultó a la diputada la aplicación de la ley en el caso de la pertenencia de bienes de personas relacionadas con el contrabando y manifestó que se trataría de extinguir el dominio bajo el marco de cuatro tipos de ilícito: el narcotráfico, contrabando, enriquecimiento y legitimación de ganancias y corrupción.
“No es un procesamiento de orden penal, es más bien un procedimiento administrativo ágil, que en el caso que no se demuestre que no hay un origen licito, el Estado a través de todo este procedimiento y garantizando la debida defensa, va a poder destinar esos bienes para fines sociales”, dijo.
En el mes de agosto el Ejecutivo aprobó el anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes de narcotraficantes, corruptos, contrabandistas y personas acusadas de enriquecimiento ilícito. La norma prevé procesos administrativos y da hasta cinco días para demostrar la legalidad de los bienes.
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