Los pobladores de la localidad orureña de Challapata, a través de sus autoridades, reiteraron ayer la declaratoria de una zona franca; sin embargo la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, descartó esa posibilidad.
El alcalde de Challapata, David Frías, llegó el jueves a La Paz para reunirse con autoridades para analizar la situación en ese municipio orureño tras un operativo militar-policial que el martes dejó dos muertos y al menos cinco heridos.
Explicó que la prioridad de la comisión de Challapata que llegó a La Paz es restablecer el orden público y la pacificación respeto a los derechos constitucionales, esclarecimiento por muertos y heridos y análisis del “Operativo Pijchay” que realizaron militares y policías en Challapata.
El pliego de siete puntos contempla el pedido de generar empleos en ese municipio orureño, promulgación de ley de desarrollo integral de la provincia Abaroa, creación de una zona franca en el municipio de Challapata, estrategias para dar solución al comercio ilegal de vehículos tras la interrupción de la nacionalización de “autos chutos”.
Los habitantes de Challapata expresaron su molestia por el uso de militares, y la violencia de sus actos. Además piden que haya una oficina de Migración en esa población donde habitan muchos ciudadanos peruanos que se dedican a la mecánica.
El Gobierno reiteró que Challapata continuará bajo control de los militares y la Aduana Nacional determinará la situación legal de los vehículos que están guardados en varios garajes de esa población. Sin embargo, existen indicios de que los motorizados fueron traídos por bandas de contrabandistas desde el puerto chileno de Iquique.
Por su parte, Ardaya descartó ayer cualquier posibilidad de transformar a la población de Challapata, ubicada a 120 kilómetros de Oruro, en zona franca.
Señaló que es “imposible” que Challapata se convierta en zona franca, después que un operativo aduanero evidenció que esa región es utilizada por varios contrabandistas para traficar con autos indocumentados.
La Presidenta de la Aduana objetó las declaraciones de algunos pobladores de esta localidad que exigieron la declaratoria de una zona franca y la nacionalización de los vehículos indocumentados que existen en esa región.
Ardaya convocó a los pobladores a entregar de forma voluntaria los vehículos ilegales que se encuentras aún en la región, ocultos en distintos garajes.
También informó que la Dirección de Migración y el Ministerio de Gobierno desarrollan un operativo contra ciudadanos extranjeros indocumentados en estos momentos.
La autoridad aseguró que los operativos no se van a levantar y ha desmentido que los 60 motorizados que se decomisaron hubiesen escapado de la población. Por el contrario, según dijo, permanecen efectivos en la zona y se tomaron medidas para impedir que salga ningún vehículo.
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