Brazo judicial del régimen llega hasta la sociedad civil

En el último trimestre la denominada judicialización de la política rebasó los límites del ámbito partidario para llevarse consigo a medios de comunicación, representantes de la sociedad, activistas y otros.

En agosto, el mandatario Evo Morales emitió un discurso televisado por el canal estatal desde Tiwanaku, donde reflexionó sobre las “costumbres” que se tienen en el oriente y en el altiplano, generó repercusiones en los medios de comunicación. Al verse “ofendido” por las “interpretaciones” el Ejecutivo emprendió una denuncia contra tres medios de comunicación privados. EL DIARIO, Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF) aún esperan la formalización de la denuncia sobre supuesta instigación al racismo y la discriminación, pese a reiterar que el caso debía ventilarse ante la Ley de Imprenta que es la norma de regulación periodística.

El comunicador, padre Eduardo Pérez Iribarne fue sindicado por sedicioso, discriminador y otras, por parte de las mujeres que componen el gabinete ministerial, quienes al parecer no pudieron encontrar una figura penal por la vía ordinaria y anticiparon un proceso ante el Tribunal de Ética de la prensa, que hasta hoy no llegó a ser efectiva. El supuesto delito del sacerdote y hombre de los medios fue leer la Carta Magna para graficar la constitucionalidad sobre la designación de la senadora Gabriela Montaño como presidenta interina por una semana.

Finalmente, la feminista María Galindo se animó a pintar unos grafitis en el frontis de la Vicepresidencia cuando se recordó un año de la violenta represión policial a la marcha indígena de defensa del Tipnis. La respuesta fue inmediata con un proceso por atentar contra la propiedad y el patrimonio. Galindo, con su acostumbrada rebeldía, retó al vicepresidente Alvaro García Linera a un debate público y a anular la causa en su contra.