La discriminación del Estado a pequeños y grandes empresarios

El Gobierno del actual Estado Plurinacional promulgó la Ley contra la discriminación y el racismo. Sin embargo, esa disposición sólo se cumple con algunos segmentos sociales reducidos a áreas urbanas sin mayor importancia, mientras no llega a amplios sectores de la población, cometiéndose, en esa forma, un delito discriminador e inclusive racista. El caso es de fácil comprobación en lo que se refiere al tratamiento que, en ese sentido, se da, en general, a las empresas capitalistas que operan en el país.

En Bolivia existen contadas empresas, grandes, numerosas medianas y una cantidad incontable de pequeñas empresas, éstas últimas llamadas cooperativas, corporaciones, sindicatos, federaciones, gremios y con otros títulos, pero todas sin excepción de carácter capitalista o semicapitalista. ¿Qué trato otorga el Gobierno a esas empresas?

Las empresas capitalistas grandes y medianas pagan impuestos al Estado, cancelan salarios a sus obreros, otorgan servicios sociales, permiten la organización de sindicatos, pagan beneficios sociales, cumplen disciplinadamente la Ley del Trabajo y otras disposiciones. A la vez cumplen los decretos que favorecen a los trabajadores, sus mujeres y sus hijos, les permiten suspender labores para marchas y se resignan ante las huelgas, paros y bloqueos.

Empero, esas empresas grandes están en dificultades por una serie de medidas indirectas que consisten en controles financieros de todo tipo, amenazas de clausura, obligaciones arbitrarias, etc., todo lo cual las ha puesto al borde de la quiebra, mucho más cuando el consumo de la población se va reduciendo debido a la creciente pobreza popular. En todo caso, las empresas capitalistas grandes y medianas del país están sometidas a toda clase de controles y presiones que las tienen en zozobra y al borde del cierre o la “nacionalización”. En todo caso, el Estado está contra ese incipiente sistema de producción capitalista.

Pero, mientras por ese lado el enérgico tratamiento a las grandes y medianas empresas es asfixiante, el trato a las pequeñas empresas llamadas cooperativas, artesanías, gremios, “sindicatos”, federaciones, etc. es en absoluto liberal o bien no existe.

En efecto, estos pequeños capitalistas no cancelan impuestos, pagan bajísimos salarios, no hacen los aumentos de ley, no cumplen con disposiciones sociales, como la Ley del Trabajo ni ninguna otra, explotan de manera inmisericorde a mujeres y niños, la jornada de trabajo es de diez a doce horas al día, especulan con sus mercancías, obtienen plusvalía en nivel de expoliación, practican el trueque, consumen materia prima extranjera, etc., por otro lado, se organizan en poderosas corporaciones de pequeño burgueses y forman un Estado paralelo con leyes propias.

Estas pequeñas empresas están formadas por alrededor de dos millones de personas y registran pequeñas diferencias entre patrones y trabajadores. Pero lo más notable de todo es que el Estado no llega a esos niveles ni por el forro. Es más, pareciera que las fomentara y ayudara a que se mantenga el enriquecimiento ilícito, el incumplimiento de las leyes, etc. A la par, estos pequeño burgueses son más señores semifeudales que capitalistas, aplican sistemas de pongueaje y colonato, métodos que practican libremente porque el Estado Plurinacional, con típica actitud ultraliberal, deja hacer y deja pasar y se hace de la vista gorda, pues inclusive algunos de esos “pequeño burgueses” son parte importante del Gobierno actual, poseen grandes tierras, utilizan obreros que no reciben salario en dinero sino en especie, se oponen al pago de impuestos, se dedican a actividades ilícitas como producir coca y cocaína, son destructores del ambiente, etc.

Por tanto, la discriminación y racismo del Estado es ostensible en lo que se refiere a los empresarios capitalistas medianos y grandes y los pequeños, por lo que se concluye que mientras unos están en la noria otros están en el alfalfar.