Octubre Negro dejó muertos y consolidó un régimen que aún no cumple la agenda social

Nueve años han pasado desde el conflicto denominado la “Guerra del Gas”. Entre enfrentamientos y movilizaciones, murieron casi 70 personas cuyas familias aún claman por justicia. El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció un día como hoy, dejando el territorio nacional para dirigirse a los Estados Unidos, donde junto a los presuntos responsables permanece en la impunidad. Mientras un gobierno de corte popular se apropió de estos sucesos, pero no realizó avances significativos en el cumplimiento de la llamada Agenda de Octubre.

En septiembre del 2003, las reacciones y protestas en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se empezaron a desarrollar a partir de los diferentes sectores sociales campesinos y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

El abogado de las familias de las víctimas de “Octubre Negro”, Rogelio Mayta, recordó que en septiembre de ese año existía una crisis social, porque varios sectores se movilizaban exigiendo demandas sectoriales en su mayoría.

“El gobierno del MNR ya tenía la lógica de que no podrían gobernar y menos exportar el gas, si no vencían al movimiento popular y decidieron vencerlo militarmente”, dijo.

Una vez que las Fuerzas Armadas se declaran en alerta roja, se activan varios mecanismos como los grupos especiales militares para reprimir violentamente la movilización popular. Se perpetúa los primeros enfrentamientos en Sorata con el saldo de los primeros muertos.

“Posteriormente y con la ayuda de fuerzas especiales, toman Warisata por asalto y en cinco minutos murieron cuatro personas, entre ellas una niña”, lamentó Mayta.

Estos hechos, hicieron que las organizaciones sociales, aparentemente dispersas se rearticulen en rechazo a estas acciones y luego se movilizan en contra a la anunciada exportación del gas por Chile.

“Ya en el mes de octubre, la Fejuve alteña realiza un paro general y la violencia que se desató en el altiplano, se traslada a la ciudad de El Alto, donde también se realizaba operativos militares”, señaló.

El 9 de octubre muere otro grupo de mineros de Huanuni en el sector de Ventilla de El Alto por uno de estos operativos militares. Las demandas pasaron de ser sociales a exigir la renuncia del entonces mandatario Sánchez de Lozada.

Para la segunda semana de ese mes, la tensión era tal, que miles de vecinos alteños bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a las políticas del gobierno de turno.

Sánchez de Lozada mandó a los militares a despejar el camino derivando en más muertes. La revuelta de los siguientes días obligó al presidente a renunciar y refugiarse en EEUU junto a su familia y dos de sus ministros.

Según el analista Mirko Orgaz, después de la insurrección del 2003, Bolivia vive una confrontación entre un proyecto nacional popular que busca la nacionalización de la política y la economía frente a un proyecto transnacional oligárquico derivado de la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos.

“El gobierno del 2003, en su primer gobierno aplicó la capitalización y la Ley de Hidrocarburos acabando con la unidad nacional”, dijo.

Para Orgaz, la Guerra del Gas sepultó esta estrategia a partir de la emergencia de un nuevo nacionalismo encarnado en las naciones originarias y clases obreras que impidieron la exportación de hidrocarburos a través de un puerto chileno. “Este gran movimiento pidió además la industrialización del gas en territorio boliviano y la nacionalización del excedente económico de este recurso”, agregó.

Por su parte, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, aseguró que lo más importante de este conflicto es el logro histórico que se consolidó a través de los movimientos sociales en contra de un gobierno neoliberal.

“Así se dio paso a un gobierno legalmente constituido, aunque es lamentable la muerte de tantas personas. Nosotros aún mantenemos la esperanza de que EEUU acceda a la extradición de Sánchez de Lozada, que la justicia sigue retardando”, dijo.

Para el oficialista la Agenda de octubre se cumple gradualmente a partir de las gestiones del actual gobierno, respecto a la industrialización del gas y la recuperación de los recursos naturales.

Al respecto, el abogado de las familias de las víctimas de “Octubre Negro”, lamentó estas palabras y dijo que pese a que “Evo Morales le debe la presidencia a los movimientos sociales, su gobierno no ha tenido avances significativos, principalmente por el fracaso en la extradición del exmandatario”.