En 10 años se duplicó la población carcelaria en Bolivia y aumentó la retardación de justicia

La reforma procesal penal en Bolivia no avanzó en las últimas dos décadas a pesar de los esfuerzos por profundizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso a los imputados, según un estudio de Fundación Construir. Los datos señalan que entre 2002 y 2012 la población carcelaria se duplicó y el índice de privados de libertad ascendió al 84%, superando a la situación de Haití en materia de justicia.

De acuerdo con el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, el equipo de investigadores compuesto por Ramiro Orías, Susana Saavedra y Claudia Alarcón de la Fundación Construir, realizó el estudio “Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia”, con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, la Universidad Salesiana de Bolivia, el programa Conjunto de Naciones Unidas “Promoviendo el cambio en Paz” y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh).

Durante la presentación de los resultados, Susana Saavedra señaló que hace 10 años -es decir, en 2002- la población carcelaria a nivel nacional ascendía a 6.065 personas, de las cuales el 65% se encontraba en situación de prisión preventiva. Pero para finales de la gestión de 2011, los privados de libertad se duplicaron a 11.516, de los cuales, 9.625 se encontraban hasta diciembre del año pasado en prisión preventiva. Lo que significa que el 84% de la población carcelaria se encuentra a la espera de una condena.

Al respecto dijo que ésta problemática merece atención del Estado, ya que con el 84% de detenidos preventivamente en las cárceles, Bolivia se sitúa en una situación más crítica que Haití, considerado en 2009 como el país más preocupante en materia de justicia por el uso excesivo de la detención preventiva. Ese año Haití registró un 78% de privados de libertad sin sentencia. “No sólo nos debemos preocupar por los índices, sino también porque estos datos nos dicen que Bolivia está enfrentando un serio problema de derechos humanos”.

El estudio buscó identificar los elementos que trascienden al uso de la medida cautelar, explicó la investigadora, para lo cual se tomó varios ejes de análisis que se tradujeron en seis capítulos referidos a la reforma procesal en el país, al sistema de administración de justicia penal, al proceso penal, a la detención preventiva a la luz de los estándares internacionales, a la observación ciudadana de audiencias cautelares, conclusiones y recomendaciones.

Un primer eje de análisis tuvo que ver con el sistema normativo de la Ley 1970 Nuevo Procedimiento Penal de 1999; sus fundamentos, sus cambios pretendidos, los resultados identificados durante su tiempo vigente, así como las modificaciones al ordenamiento penal que se han venido realizando en el país en los últimos cinco años.

Un segundo nivel de análisis fáctico buscó identificar las capacidades humanas, técnicas, y financieras con las cuales cuentan las instituciones responsables de la administración procesal penal y penitenciaria, como son el Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Régimen Penitenciario.

Por consiguiente, dijo, la retardación de la justicia tiene más relación con la carga procesal que con los lineamientos garantistas de la reforma procesal penal en el país.