Challapata es sólo un hito…

La opinión pública esperaba desde hace mucho tiempo medidas drásticas y efectivas contra el contrabando, en el cual destacan los vehículos denominados “chutos”, por ello ha visto complacida la intervención en Challapata, en el departamento de Oruro, hasta entonces carente de autoridad y de ley. Al mismo tiempo toma la misma actitud en relación con Yapacani, en lo tocante al narcotráfico. Con todo, estas dos intervenciones están lejos de constituir un golpe severo a ambos ilícitos, pero se espera que se trate de una política apenas comenzada, de largo aliento, como lo exigen los intereses colectivos y que no se apague como fuego fatuo para que todo quede como antes.

Se recuerda que algunos años atrás, la actual Administración intentó algo similar en Desaguadero -otro foco pertinaz de contrabando de ida y vuelta-, localidad en la que las propias Fuerzas Armadas sufrieron un lamentable contraste. El país, desde hace décadas, es fácilmente vulnerable al contrabando en sus cinco fronteras con los países limítrofes y los puntos específicos son de amplio conocimiento.

De todos modos alienta que la Aduana, Fiscalía, Policía y Fuerzas Armadas hubieran coordinado esta intervención y que un destacamento de éstas últimas se asiente en Challapata, población en la que el pasado día 9 de los corrientes no sólo se encontraban alrededor de 400 motorizados indocumentados, sino todos los elementos necesarios de falsificación para que pasen en condiciones de “legalidad”, además que, como en el resto del país, no podían faltar enclaves de narcotráfico.

Tales hallazgos muestran con claridad que sólo mafias organizadas pueden alcanzar grados tan complejos en su actividad delictiva. De ellas se puede esperar todo y hasta el momento enfrentaban al COA y a la Policía fronteriza con superioridad de armamento, además que disponen de la movilización a su favor de poblaciones íntegras en lugares estratégicos. Lo anterior pone en entredicho el posicionamiento de sectores opositores que han criticado la actuación de las indicadas fuerzas combinadas en Challapata. Por supuesto que se lamenta la pérdida de dos vidas, hecho que amerita una investigación que no debe excluir a los grupos pro contrabando sospechosos de portar armas.

No obstante se advierte una notoria debilidad en la acción de la que tratamos. Las 72 unidades objeto del operativo no han sido físicamente incautadas sino puestas en manos de depositarios o custodios, que son los dueños u ocupantes precarios de los espacios que las albergan, mal llamados “garajes”. Existen muchos y conocidos recursos para que los “depositarios” se burlen de la medida. A esta debilidad casi congénita del Estado se añade que la Justicia Ordinaria no colabora en los procesos de contrabando y termina haciendo devolución de las mercaderías ilícitas. La Ley de Adunas vigente dispone la creación de juzgados especiales para la materia, lindeza que hasta hoy no existe en la realidad. Es plausible lo realizado en Challapata, pero como se ve es largo el camino a recorrer y cuyos obstáculos sólo puede vencer una férrea voluntad política, liberada además de conveniencias políticas.