La reivindicación sobre la pertenencia de las aguas del manantial Silala genera la unidad de la clase política en Bolivia. La oposición planteará un proyecto de Ley para establecer soberanía en la región potosina, mientras el oficialismo anuncia que se desarrollará en el sector de las afluentes del agua, una sesión inédita de la Asamblea Legislativa.
Los opositores reiteraron su críticas a Chile por haber pedido “informes” sobre los cuatro proyectos que la Gobernación de Potosí anunció desde abril de este año, manifestando que es una decisión soberana para beneficiar a la región. Sin embargo, el diputado de Convergencia Nacional (CN) Tomás Monasterios, también pidió que el tema Silala no sea exclusividad de Potosí sino que los nueve departamentos participen activamente en este proceso de reivindicación.
Asimismo, planteó la elaboración de una norma que siente el criterio de soberanía territorial, reforzando los asentamientos en las fronteras e incluso pensando en la acción de las Fuerzas Armadas en coordinación con las comunidades para proteger este recurso no renovable que fluye gratuitamente hacia el vecino país desde 1908.
En tanto, la Brigada Parlamentaria de Potosí anunció la instalación de una sesión extraordinaria en la región de Quetena, lugar donde nacen los bofedales de donde fluye el agua del manantial. Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de Alianza Social (AS) confirmaron la información a ANF el miércoles.
Para este fin de mes, la Gobernación del Departamento de Potosí, las Fuerzas Armadas y los sectores comunarios de la región coordinarán acciones para la aplicación del primero de cuatro proyectos que se implementarán para el aprovechamiento de estos recursos. Un criadero de truchas, dentro de la política de fomento a la piscicultura, será instalado dentro de dos semanas.
Una planta embotelladora de agua, la construcción de una represa hidroeléctrica y la instalación de programas de riego y albergues ecológicos son parte de este plan integral .
La controversia bilateral por el uso de las aguas del Silala data de 1908, sin embargo, no es hasta la década de los años noventa que el problema del desvío mecánico se confirmó desde las esferas estatales. En 2006 se creó la Agenda de 13 puntos entre los gobiernos de Evo Morales por Bolivia y Michelle Bachelet por parte de Chile, donde se establecía la pertenencia conjunta del agua y no se cobraba la deuda histórica.
Un preacuerdo sobre el uso del líquido, en lo que los chilenos llaman el “río Silolí” casi fue firmado por ambas administraciones, pero la oposición del Comité Cívico de Potosí (Comcipo) impidió que se consolide esta afrenta a la nación.
El Art. 3 del preacuerdo bilateral cita: “Por el presente Acuerdo se establece que las aguas de libre disponibilidad de Bolivia y captadas en su país podrán ser conducidas para ser aprovechadas en Chile. En tal caso, el titular público boliviano de la autorización para el otorgamiento del uso de dichas aguas será compensado por las personas jurídicas de derecho público o privado que se constituyan en aprovechatarias de dichas aguas”.
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