Desde hace seis años, el Gobierno del Estado dio plena libertad a los agricultores de los Yungas de La Paz y el Chapare de Cochabamba para cultivar la planta de coca. En igual sentido procedió en cuanto a la distribución, comercialización y consumo (e inclusive industrialización) de ese producto, creándose en esa forma la Economía de la Coca.
Completando esa política de libre economía de la hoja de coca, el Gobierno retiró del país al organismo de lucha contra el contrabando y consumo de drogas (DEA), expulsó al Embajador de Estados Unidos, demandó a las Naciones Unidas la suspensión de la prohibición del masticado de la hoja (maldita para unos y sagrada para otros) y amenazó con retirarse de un organismo internacional. Al mismo tiempo, el Gobierno siguió dando plena libertad al cultivo de coca y se constató, finalmente, que los cultivos de esa planta habían pasado de 12 mil a 32 mil hectáreas, según fuentes acreditadas y que el mismo Gobierno aceptó como ciertas.
No sólo eso. Después de seis años se observó notable crecimiento de la producción de cocaína (cantidad que pasó de 20 a 200 toneladas al año) y se descubrió cientos de “fábricas” de maceración de la hoja para producir pasta base. Es más, una nueva etapa de la lucha contra el tráfico de drogas mostró que ya no se decomisaba, como antes, unos cuantos kilos de cocaína, sino toneladas de la droga y que esa “merca” salía al exterior por varios caminos, lo que obligó a los gobiernos de Brasil, Argentina y Chile, con cooperación de Estados Unidos, a crear un “cerco sanitario” alrededor de nuestro país, en vista del peligro de que el tráfico de cocaína se desborde con consecuencias trágicas.
Frente a esa dramática situación, el Gobierno boliviano no tuvo otro recurso que iniciar una campaña contra la producción de coca y el tráfico de drogas y en meses recientes anunció haber reducido los cultivos de la hoja en 12 por ciento y descubierto cientos de “fábricas” de pasta de cocaína, decomisado varias toneladas de drogas y apresado a numerosas personas relacionadas con esa actividad ilícita.
Empero, pareciera que la iniciativa oficial resultó tardía, pues, por los datos numéricos mencionados antes, los mecanismos del Gobierno han sido sobrepasados y sus fuerzas no alcanzan a controlar el problema y menos ponerle fin.
La confirmación de los datos señalados está, entre otros, en la información proporcionada por el Instituto de Estadística Teórica y Aplicada de la Universidad San Andrés de La Paz, investigación que confirma que el cultivo de coca ha sustituido al de alimentos en los Yungas de La Paz, en proporciones nunca antes conocidas.
En efecto, según esa noticia el 55 por ciento de la tierra cultivada en esa región está destinado a la coca y menos del 40 por ciento a alimentos, fruta y ganado. Agrega el dato que el 81 por ciento del total de la producción que sale de los Yungas a los mercados del país, es de coca y sólo el 15 por ciento es de alimentos. Así mismo, destaca que la producción de hoja de coca en esa región es de 36 quintales en cada una de las tres o cuatro cosechas anuales. Según otras referencias, mientras las áreas cultivadas de coca siguen creciendo, continúa la erradicación de plantaciones de frutales, verduras, café y campos de ganadería, sin control.
El problema del tráfico de drogas y producción de la materia prima ha rebasado, en esa forma, todas las apreciaciones que se hizo al respecto y es de esperar que ahora se reflexione y encuentre una solución integral y no sólo parcial, de este candente asunto, so pena de que sobrevenga alguna calamidad apocalíptica.
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