MAS impone voto y quórum para la designación del Fiscal General

La sesión plenaria para la elección del Fiscal General del Estado se inició la tarde de ayer en la Asamblea Legislativa con el quórum respectivo y ante una oposición esperanzada en lograr algún rédito como quitarle los dos tercios al oficialismo. Sin embargo, la poca coordinación entre las bancadas opositoras y la imposición del MAS para aplicar el voto secreto y no nominal posibilitó el avance de la jornada que se extendió hasta la madrugada de hoy.

Hasta el cierre de edición, aún continuaba la sesión en el hemiciclo sin tener a un postulante designado, aunque en criterio de la diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, este proceso ya fue consolidado por la bancada del MAS eligiendo entre Ramiro Guerrero, Marcelo Soza o Mario Uribe.

La presidenta de la Comisión mixta de Justicia Plural, Sandra Soriano, expuso con la ayuda de unas diapositivas su visión sobre la mirada que tiene la población sobre la administración de la justicia hoy y lo que se pretende hacer, dejando de lado las imposiciones políticas.

“Las autoridades que sean electas y el nuevo Fiscal General del Estado no deben responder a los partidos políticos ni a sectores privados, deben asumir el compromiso histórico para responder a la sociedad”, sostuvo Soriano. Minutos antes, en contrapartida, el vicepresidente Alvaro García Linera decía que se iba a tomar “por supuesto” una decisión política.

Durante la sesión se presentaron las observaciones y recursos de la oposición. Por un lado el Movimiento Sin Miedo (MSM) argumentó que la convocatoria no fue diseñada por la Asamblea Legislativa sino por la Vicepresidencia, entrando en la figura de supuesta usurpación de funciones. También cuestionaron la forma de calificación de méritos, porque no existirían parámetros para discernir entre los “calificados suficientes e insuficientes”.

Asimismo, Convergencia Nacional (CN) dijo que se estaría vulnerando los artículos 234 y 238 de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre los requisitos para ser designado en un cargo estatal y sobre el tema de antecedentes profesionales en instituciones públicas y privadas observadas por la convocatoria.

En ambos casos, la respuesta vino desde la presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, por parte del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan Carlos Cejas quien expuso las justificaciones de la convocatoria y aclaró que es función del vicepresidente del Estado, como presidente nato de la Asamblea Legislativa realizar este tipo de convocatorias. También citó el artículo 233 que establece que los funcionarios públicos deben tener carrera administrativa, excepto los cargos electivos y las designaciones, como es el caso del Fiscal General del Estado.

En el caso del conocimiento de un idioma, este punto fue estipulado dentro de las disposiciones de la Ley del Ministerio Público que fue la base para la convocatoria del Fiscal General.

La oposición también hizo notar que de los 33 habilitados para el principal cargo del Ministerio Público, 27 abogados fueron parte de los postulantes a las elecciones judiciales de hace un año, de estos siete candidatearon e incluso uno fue electo como magistrado suplente.

La sesión se desarrollaba con las alocuciones de más de 20 asambleístas, entre las justificaciones del oficialismo sobre el cambio en la justicia boliviana y las taras heredadas por los gobierno neoliberales y la postura de las bancadas opositoras que reiteraban la manipulación del régimen en la justicia y la anulación de garantías procesales con la denominada persecución política.