Enfrentamientos que no se justifican

Es grave para la comunidad nacional vivir bajo desacuerdos, rivalidades, enfrentamientos y hasta extremos que implican muertos y heridos; es más doloroso el hecho cuando el principio de autoridad para imponer la Constitución y las leyes no se hace patente en grupos que están en desacuerdo y que los arrastra a peligros de toda naturaleza. Todo ello, forzosamente, implica extremos que el país no debería sufrir.

En las últimas semanas se ha tenido que pasar por extremos protagonizados por mineros; por un lado, cooperativistas y, por otro, trabajadores asalariados, pero que pertenecen a las planillas de la COMIBOL. Ambas partes alegaron derechos sobre determinadas vetas ricas en mineral en Colquiri. Un cooperativismo mal entendido ha llevado a miles de cooperativistas a situaciones de enfrentamiento y marchas, manifestaciones, bloqueos y hasta peleas graves con mineros asalariados, con las consecuencias consiguientes para todo el país porque la sede de gobierno, La Paz, se ha convertido en escenario de todos los hechos que nada puede justificar.

Al margen del caso Colquiri, donde la solución llegó mediante la intervención del Gobierno -hecho que debió efectuarse al principio del conflicto o mucho antes de su estallido, pero, por descuido o lenidad, no se dieron los pasos pertinentes y menos se encontró los remedios para la álgida situación-, está el caso de varios avasallamientos de minas, entre ellos de los mineros protagonistas de hechos violentos y reclamo de derecho sobre la mina Mallku Khota, donde se explota oro. Las posiciones radicales asumidas por cada una de las partes no dejan lugar al diálogo. El Gobierno, si bien intenta paliar los extremos, tampoco hace lo necesario por poner remedio definitivo a situaciones que parecerían no tener solución, pero que, con voluntad y aplicación de las leyes, es posible arreglar.

Las confrontaciones, por las causas, razones o sinrazones que fueren, no se justifican en el país; podrían ser fácilmente solucionadas si las autoridades del Gobierno, previendo posibles enfrentamientos, estableciesen condiciones conforme a las leyes para los trabajos que se realicen en las minas y, lo más necesario, para el caso del cooperativismo, entender y explicar a los interesados que el sistema implica un trabajo empresarial y no laboral; que en el caso, por el mismo hecho de que los cooperativistas emplean a mineros, hombres y mujeres, en labores de explotación de las minas, lo hacen bajo los términos de ser empleados u obreros de las cooperativas que son empresas privadas.

Un elemental sentido de previsión, vocación de servicio y aplicación del diálogo pudo haber evitado los problemas de confrontación que se han presentado e implicado que el país, en el rubro minero, se paralice y, además, se acrecienten las rivalidades y desencuentros entre trabajadores en Colquiri y Mallku Khota y en el que han intervenido hasta los familiares. El Gobierno, con la simple aplicación de las leyes, podía evitar los extremos que han lastimado no sólo al sector minero sino al país en su conjunto. Es de esperar que las experiencias sufridas y lo que aún está en tren de encontrar soluciones definitivas, sirva a las autoridades para prever y evitar extremos que a nadie hacen bien y menos implican que los interesados encuentren soluciones.