Una vez más, el Congreso de los Estados Unidos se ha negado a certificar a favor de Bolivia en el caso de lucha contra las drogas y el narcotráfico, el gran flagelo que asola a la humanidad y que causa más muertes que las mismas guerras que hasta ahora han sido libradas en el planeta.
El Gobierno de los Estados Unidos si bien reconoce que se ha desplegado campañas en contra de las drogas y se llevó a cabo labores de erradicación de cocales, asume tener conciencia de que eso no es suficiente, especialmente en los aspectos represivos y por la permisividad que se tiene con los grupos cocaleros y los nuevos cultivos de coca que aparecen en diferentes sitios del país. Anota, como en anteriores oportunidades, que “no bastan las buenas intenciones y que, en todo caso, son las cifras las que determinan si efectivamente se ha cubierto todos los planes para disminuir radicalmente tanto el narcotráfico como la producción de droga, su comercialización y los cultivos de coca”.
Para los empresarios de las drogas, lo que hagan los Estados Unidos o la comunidad internacional en contra del letal negocio es como la picadura de una hormiga en el lomo de un elefante; es decir que no les hace mella, porque es tal su poder que cualquier decomiso que hagan las autoridades, en Bolivia o en cualquier parte del mundo, es reemplazado con creces por la multiplicada producción de droga, no sólo en Colombia, Perú y Bolivia sino en todo el mundo. Y es que los narcotraficantes tienen muy bien asentado su poder, su influencia y el dominio que ejercen sobre mafias y grupos delictivos que se prestan con mucha facilidad a subir los índices de producción, comercialización y consumo de drogas.
Nuestro Gobierno no le reconoce a Estados Unidos autoridad alguna para negarnos la certificación; considera que la comunidad internacional no tiene los métodos y sistemas para combatir efectivamente al narcotráfico y que si nuestro país y otros no logran anular los altos índices de producción y comercialización, se debe fundamentalmente a que en los países ricos y desarrollados se encuentra la población consumidora, cuya demanda de más droga es continua.
Es evidente que no se puede culpar del todo a los países productores, como se debe hacerlo con los consumidores, pues su demanda determina mayor producción. Sería necesario que la misma comunidad internacional reconozca el hecho de que son los países consumidores los que tienen que disminuir y suprimir el consumo de drogas, porque mientras ello no ocurra, la excesiva demanda originará siempre el surgimiento de nuevos productores y, por consiguiente, comercializadores y consumidores.
Descertificar a un país por causa de las drogas es denigrante y resulta inútil porque para el narcotráfico no tiene significación alguna, puesto que es la transnacional que no tiene patria ni conciencia de bien común ni albergan sus componentes sentimiento alguno para la humanidad; para ellos lo que importan son las excesivas ganancias que logran con el criminal negocio. Son las organizaciones internacionales y todos los países los que tendrían que adoptar medidas que permitan la erradicación total de las drogas alucinógenas ilícitas.
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