Menores de edad originarios no serían juzgados por vía ordinaria

El anteproyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil, cuyo tratamiento aun no se inició en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, propone que los menores de edad que pertenezcan a un pueblo o nación indígena originaria y que hayan cometido un delito, deben ser juzgados y sancionados de acuerdo a los usos y costumbres de cada región. En ningún caso, deben ser sometidos a la justicia penal ordinaria para adultos.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Aparicio, manifestó que aunque el contenido del anteproyecto de Ley, no se conoce en el pleno de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta la vigencia del Deslinde Jurisdiccional, los pueblos originarios y campesinos tienen la potestad de juzgar y sancionar a los adolescentes bajo sus propias normas y procedimientos.

“Si esta forma de tratar el delito influye a los jóvenes o si los perjudica o beneficia en su desarrollo o en su reinserción en la sociedad, es un tema que habrá que evaluarlo una vez que conozcamos el proyecto”, dijo.

Por otro lado, señaló que cada región originaria tiene sus propias normas, por lo que podría existir una relatividad en la efectividad de las sanciones, debido a que estas normas variarían de un pueblo a otro. “Ese será otro tema que habrá que debatir con cuidado porque es polémico”, citó.

El Art. 11 del anteproyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil determinaría que de acuerdo a los límites de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, las personas mayores de 14 años y menores de 18 que pertenezcan a un pueblo nación indígena originario campesino y afroboliviana, que incurran en un delito, serán juzgadas de acuerdo con las normas y procedimientos de la jurisdicción de la nación, pueblo o comunidad a la que pertenezca.

“Estas personas en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán ser juzgadas en la vía ordinaria penal para adultos”, cita la norma.

El proyecto se encuentra dentro de las leyes que serán aprobadas en los siguientes meses adecuando el nuevo ordenamiento jurídico a la CPE y el reconocimiento de dos tipos de justicia en el país, situación que seguramente irá generando observaciones desde la oposición.