Volver al tema de COTEL es repetir el círculo vicioso de elecciones -muchas veces manipuladas- y de consejos de Administración y Vigilancia defraudadores de la institución. Es una constante de hace años, bajo la mirada complaciente de los gobiernos de turno o de su complicidad, por lo menos para sacar provecho de sus intervenciones inflando con sus partidarios las planillas de funcionarios de la entidad.
Como resultado de lo anterior COTEL se encuentra en quiebra técnica, habiendo tenido en 2011 una pérdida de 17.2 millones bolivianos, la ITT la demanda por multas y sanciones por 72.4 millones de bolivianos, sus cuentas bancarias están congeladas y su pasivo registra el 88% de sus ingresos. Fuentes de la propia Cooperativa informan que de 8 millones de moneda nacional que recauda por mes, 5 y más millones se destina al pago de salarios. Sostienen también fuentes internas que serían suficientes 600 funcionarios para operar y no los 900 con los que cuenta actualmente. Sin embargo, desde el sindicato –célebre por constituir una suerte de co-gobierno- se sostiene que el número de empleados no influye en la situación deficitaria.
De un plumazo el Ministerio de Trabajo o su dependencia, la Dirección General de Cooperativas, echó a la calle a ambos organismos el 29 de septiembre de 2012. Sin anunciar auditoría alguna, pusieron a COTEL al mando de Ramiro Estada en calidad de Gerente General, quien junto a un Comité Electoral designado por el ex presidente Emilio Gutiérrez, deberán llevar a cabo una nueva elección. Esto significa que sigue la rueda de aspirantes a millonarios en tales funciones o un “pasanaku” de nunca acabar.
Confirma lo anterior que los dos últimos máximos personeros de COTEL en pocos meses terminaron enjuiciados por manejos dolosos. Se dice que el último fue detenido cuando intentaba transferir dos millones de bolivianos de la institución a sus cuentas privadas, luego de haber defenestrado a su antecesor. Como el mencionado Emilio Gutiérrez tuvo el tino de nombrar un Comité Electoral con miembros de los “movimientos sociales”, los mismos tienen el visto bueno de las autoridades para supervisar una elección aún sin fecha, mientras perciben Bs. 9.000 mensuales, según denuncia del sindicato. Al presente éste se halla en huelga, pero sin objetivos precisos según lo poco trascendido.
Como esta tomadura de pelo no debiera continuar, el Gobierno y la Alcaldía deben compartir un fondo de salvataje de COTEL, que no es otro que devolver así sea un cuarto del valor de las acciones de los socios, a fin de que más pronto que tarde terminen perdiendo todo. Al mismo tiempo abrir una licitación para que empresas especializadas privaticen la telefónica. Los derechos a ser cobrados a quienes resulten adjudicatarios pueden compensar a dichos entes estatales el costo de la devolución en metálico. Al fin y al cabo la telefonía y sus derivados es un negocio rentable y lo que demandan los usuarios es un buen servicio.
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