Censarse en el lugar donde se vive

Los datos del Censo de Población y Vivienda efectuado en 1976 indicaban que la mayoría de la población (58,26%) vivía en el área rural. En tanto que en el Censo realizado en 1992, la composición de la población por áreas mostraba que la mayoría de la población (57,26%) vivía en el área urbana. En el último Censo efectuado en 2001 continuaba la tendencia de la población (62,43%) hacia la urbanización, debido de la migración campo ciudad.

La Constitución Política del Estado establece en el Artículo 298 que es competencia exclusiva del nivel central de Estado desarrollar políticas de Planificación y Ordenamiento Territorial. En tal sentido, el Gobierno debería haber elaborado e implementado un Plan de Ordenamiento Territorial a nivel nacional, departamental y municipal con el objetivo de detener y/o revertir la migración del campo hacia las ciudades con la finalidad de equilibrar la población en el territorio.

Si los resultados del próximo Censo de la Población a realizarse en noviembre de 2012 muestran que se ha detenido y/o revertido el proceso de la migración campo ciudad, esto significaría que tuvieron efecto: el Plan de Ordenamiento Territorial y las políticas sociales del Gobierno del Estado Plurinacional expresados en la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria (Ley No. 144), el proyecto mi agua y otros. Por otra parte, si los resultados del próximo Censo muestran que continúa la tendencia hacia la urbanización, esto significaría, por un lado, que han fracasado el Plan de Ordenamiento Territorial y las políticas sociales de gobierno que tenían la finalidad de contrarrestar la pobreza y la marginalidad en el área rural, y por el otro lado, que se ha “gastado” los recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria y del Impuesto Directo sobre Hidrocarburos asignados a los municipios rurales para el desarrollo socio productivo.

Una vez publicados los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización se debe realizar el pacto fiscal, que es una especie de concertación nacional para la distribución de los recursos públicos de acuerdo con el número de habitantes; probablemente se considere otros factores como la pobreza y la marginalidad.

En consecuencia, las autoridades de los municipios rurales ya han comenzado con la campaña de obligar a las personas que tienen su residencia en las ciudades de El Alto y laderas de La Paz, Quillacollo y Montero y tienen propiedades rurales a censarse en sus comunidades, de no hacerlo expropiarían todas sus propiedades (ejemplo es lo sucedido el 7 de septiembre en Pucarani). Por otro lado, los dirigentes de las Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto están tomando algunas previsiones para que los vecinos puedan censarse en esta ciudad y no desplazarse a otras regiones del país.

Los resultados del próximo Censo deben reflejar exactamente la distribución de la población por áreas, sin distorsiones de ninguna naturaleza. En tal sentido, se sugiere al INE realizar la campaña para “censarse en el lugar donde se vive”. El desplazamiento masivo de las personas que radican en las ciudades intermedias hacia las comunidades rurales, en donde la mayoría de la población vive en peores condiciones de pobreza que en las ciudades intermedias, deformaría de manera intencionada la información sobre la mala calidad y bajos niveles de educación, inadecuada atención a la salud, inadecuados materiales de construcción e insumos energéticos, falta de servicios de agua potable y saneamiento, así como el desempleo en las comunidades del área rural.

¿Qué es lo que se pretende?, mostrar que la situación de pobreza y marginalidad han mejorado en el área rural, por consiguiente se ha alcanzado las Metas del Milenio, cuando la migración campo ciudad por sí sola demuestra todo lo contrario. De consumarse este hecho, se introduciría un sesgo parecido a un “fraude censal”, cuyos responsables directos serían las autoridades de los municipios rurales, departamentales y el Gobierno del Estado.