La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) ha confirmado que en Bolivia dos millones de personas padecen hambre, referencia que, pese a los anuncios oficiales en sentido que ha disminuido la pobreza, sigue siendo motivo de preocupación entre organismos internacionales. Dicha entidad agregó en reciente información que para enfrentar esa situación sería oportuno crear un Fondo Global para la Protección Social para las personas vulnerables que sufren hambre en nuestro país, y al mismo tiempo hizo una sugerencia para enfrentar ese alarmante índice estadístico.
La información de la FAO no deja de causar preocupación, pues el crecimiento del problema del hambre sigue pesando enormemente en Bolivia, pese a la escasa población, la existencia de tierras para la agricultura y las notables informaciones oficiales que aseguran a diario que se está luchando para sacar al país de una crisis agraria con la oferta de la “seguridad alimentaria con soberanía”.
La noticia acerca de que dos millones de bolivianos padecen de hambre tiene agravantes, pues se consideraba que debido a una serie de disposiciones ejecutivas y legales de recientes gobiernos, el problema había sido solucionado o, por lo menos, reducido. Sin embargo, pese a disposiciones legales como la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (o sea la Ley INRA de Sánchez de Lozada), la Ley de la Revolución Agropecuaria, anuncio de inversiones monetarias en el medio rural, ofrecimientos de semillas, agua, abonos, etc., se confirma que poco o nada se ha avanzado para dejar atrás el fantasma del hambre, como confirma la FAO.
Pero lo más notable del anuncio de la FAO consiste en la sugerencia que hace para solucionar el delicado asunto que consiste en impulsar “la agricultura familiar campesina”, propuesta que de ninguna manera permitirá mejorar la producción y, por tanto, abastecer los crecientes mercados de consumo tanto por el crecimiento vegetativo natural como por la migración humana del campo a las ciudades, debido a que la agricultura no produce renta alguna, a no ser que se trata de cultivo de la planta de coca.
Al respecto, también la Ministra de Desarrollo Rural y Tierra declaró que también está adoptando medidas para colaborar a los pequeños productores, afirmando al mismo tiempo que “para esta gestión se prevé incrementar la producción de alimentos entre 20 y 15 %, respecto a 2011” y que los “pequeños productores cubren el 85 por ciento de la demanda de alimentos”
En todo caso, se puede considerar que el problema denunciado por la FAO y las medidas anunciadas por las autoridades no tendrán los resultados buscados por el simple hecho de que se trata de buenas intenciones, pues la pequeña agricultura, que es cada vez más amplia en extensión, continúa imperando con sus graves efectos de no poder abastecer a centros urbanos, ser de baja calidad, tener altos precios, es antihigiénica y difícil de ser trasladada a las ciudades. En el mejor de los casos sólo sirve para atención familiar y, finalmente, mantiene el problema del hambre y obliga a la dependencia del país, que se ve obligado a hacer grandes importaciones de alimentos que actualmente pasan de 800 millones de dólares al año.
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