Eulogio Núñez Aramayo
Últimamente, el Gobierno nacional y el sector agroindustrial de Santa Cruz han estado hablando de ampliar la frontera agrícola en Bolivia con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población. Actualmente en nuestro país existen 2,9 millones de hectáreas cultivadas con producción agrícola y para el año 2020 se pretende llegar a 10 millones, según declaraciones del Viceministro de Desarrollo Agropecuario y Rural, Víctor Hugo Vásquez.
Si la ampliación de la frontera agrícola implica: seguir deforestando bosques tropicales (250 mil a 300 mil ha por año según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT); seguir utilizando las quemas como parte de las prácticas agrícolas y pecuarias dañando así la salud humana y la biodiversidad (ABT: 4,88 millones de ha. quemadas en 2010); seguir cultivando en suelos que no tienen vocación para la agricultura intensiva (según la Plataforma Nacional de Suelos 41% de los suelos sufre procesos de degradación). Si todo esto implica la ampliación de la frontera agrícola, característica del modelo de producción de monocultivos agroindustriales, con alta mecanización agrícola y dependencia de agro tóxicos (venenos), estaríamos yendo al despeñadero y con seguridad el remedio sería peor que la enfermedad.
Pretender ampliar la frontera agrícola a 10 millones podría implicar seguir deforestando bosques tropicales, en muchos casos de forma ilegal. En nuestro contexto sería más adecuado hablar de mejorar la productividad agrícola, pecuaria y forestal, que en la mayoría de los rubros agrícolas y pecuarios es muy baja en comparación con países vecinos. Por ejemplo, en producción de papa Bolivia tiene un rendimiento de 5,49 tm/ha, Perú tiene 9,4 tm/ha; en producción de arroz nuestro rendimiento es de 2,73, tm/ha, Argentina 6,54 tm/ha y Brasil 4,78 tm/ha.
Para mejorar la productividad agrícola se debe: impulsar políticas públicas audaces y recuperar los suelos que están en proceso de degradación; erradicar las quemas como parte de las prácticas agrícolas y pecuarias; incentivar la utilización de prácticas y técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente y adecuadas a cada contexto; e invertir en sistemas de riego, entre otros. La producción diversificada respetando la vocación de uso mayor de suelos y valorando los conocimientos locales, es una alternativa que durará mucho tiempo.
Siendo la población rural en Bolivia el 37,5% del total, es fundamental que el Gobierno nacional y los gobiernos autónomos subnacionales, prioricen la inversión pública en infraestructura productiva; incentiven iniciativas productivas agroecológicas diversificadas acorde con la vocación de uso mayor de los suelos; incrementen su capacidad en investigación agropecuaria y forestal; promocionen tecnologías con energías alternativas; presten asistencia técnica y formación de recursos humanos para el desarrollo rural integral sustentable en todos los municipios del país; prioricen el potenciamiento de los mercados locales y la transformación de la producción agroecológica, antes de la exportación de materias primas; focalicen esfuerzos técnicos y económicos (políticas públicas) a favor de la producción diversificada de familias, comunidades y organizaciones económico-productivas indígena originaria campesinas y afrobolivianas del país que, creemos, sería apostar a lo seguro para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria a mediano y largo plazo en Bolivia, que así sea.
El autor es Director de CIPCA Santa Cruz.
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