Hace unos días, el Vicepresidente del Estado Plurinacional, en sus frecuentes declaraciones a los medios de comunicación social, en relación con la justicia y la elección del Fiscal General, que se realizó en la Asamblea Legislativa, y los cuestionamientos a la relación política o ideológica del elegido, sentenció: “La justicia está mal”, que hemos tomado como título para esta nota de opinión.
En las encuestas de percepción ciudadana sobre las instituciones del Estado, con los más bajos niveles de confianza aparecen siempre la justicia, las organizaciones políticas y la Policía. De ello inferimos que el sistema judicial y la Policía -que tiene relación con la primera- no cumplen su rol señalado en la Constitución Política, y no gozan de la confianza de la sociedad boliviana, lo que ciertamente afecta al desarrollo institucional de la sociedad organizada en Estado, pues no puede haber un Estado consolidado si no tiene una justicia que sea creíble.
Al día siguiente de la declaración del alto funcionario del Estado, éste mismo en la posesión del elegido Fiscal General, en los salones de la vicepresidencia efectuó una severa crítica al Órgano Judicial boliviano, haciendo hincapié en la corrupción, lenidad y ausencia de ética de los operadores de justicia, pero no hizo mención al sometimiento del Órgano Judicial al poder político del régimen de gobierno actual, que agrava aún más el cuadro de “enfermedad” del sistema judicial boliviano.
Lo cierto es que desde que el Alto Perú dejó de ser colonia y se convirtió en República independiente, no obstante que fue el primer Estado latinoamericano en tener todo un ordenamiento jurídico, en el gobierno del más grande Presidente patriota que hemos tenido en nuestra historia, el Mariscal Andrés de Santa Cruz, la justicia boliviana ha adolecido y adolece en el actual Estado Plurinacional de muchos males, perdiendo la finalidad de su existencia, que es la de “hacer justicia”.
Pero, ¿qué es la justicia? La justicia es un valor ideal, es decir que vive en la idea, en el pensamiento, como algo que apreciamos, valoramos, queremos, y es un valor fundamental de la sociedad, porque pretendemos que las relaciones de los individuos sean justas y, en consecuencia, la sociedad misma sea justa. Pero, ¿quién administra la justicia?
La justicia es el valor del derecho, lo que busca o persigue el derecho, y éste es el sistema normativo, que impone un “deber ser” en la conducta humana, de donde no puede haber un derecho que no sea justo. ¿Y quién construye el derecho?, el Estado a través de sus órganos legisla o construye las leyes (Órgano Legislativo), y administra la justicia (Órgano Judicial), y busca o ejecuta el cumplimiento de las leyes emanadas del Órgano Legislativo a través del Órgano Ejecutivo, de donde se infiere que el Estado debe buscar la justicia, o como dijo Platón: “hacer realidad la justicia”.
El ser humano a través de su desarrollo en la historia ha intuido la justicia como un valor natural, y si bien las ideas de justicia han podido cambiar al influjo de los tiempos (el esclavismo fue considerado normal durante muchos siglos), los principios que hacen a la justicia están sustentados en el bien (lo que es justo) y lo malo (lo injusto).
Como una de las soluciones al problema de la justicia boliviana, el actual régimen de gobierno convocó a elecciones para las más altas instancias del Órgano Judicial, pero los candidatos fueron elegidos con criterio partidista en la Asamblea legislativa. En consecuencia, fueron elegidos por un escasísimo voto ciudadano los allegados al esquema de gobierno, y no los mejores hombres del derecho (varones y mujeres), adicionándose un nuevo mal a la administración de justicia, la escasa idoneidad (salvo alguna excepción) de los altos tribunales de justicia.
A la corrupción, como ausencia de ética, en muchos operadores de justicia (jueces y fiscales), ahora también hay que añadirle la pérdida de independencia del Órgano Judicial, y su sometimiento al poder político, convirtiéndolo en un órgano represor y servil a los dictados del Gobierno.
Es necesario, para efectuar una reingeniería de la justicia como órgano del Estado, hacer realidad la sentencia de uno de los más destacados magistrados que tuvo nuestra Patria, Pantaleón Dalence, que dijo: “La única servidumbre que no mancha, es la servidumbre a la ley”.
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