Fracaso del saneamiento de tierras

Hace 15 años, el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anuló la Ley de Reforma Agraria de 1953 y en su reemplazo dictó la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cuyo objetivo principal era el saneamiento de tierras, medida que no produjo beneficio para la agricultura del país. Enseguida, el gobierno de Evo Morales procedió a hacer algunas reformas superficiales a dicha Ley INRA, las que, a lo más, sólo dieron lugar a un cambio de título, ya que pasó a llamarse Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (o nueva Ley INRA) hoy en plena vigencia.

Las reformas a la primera Ley INRA fueron superficiales y se siguió aplicando el saneamiento de tierras, aunque con mayor intensidad. Sin embargo, igual que la disposición de Sánchez de Lozada, no trajo consigo beneficio para la agricultura, que más bien ingresó en una etapa de ruina sostenida, al extremo que al presente el Gobierno importa gran parte de los alimentos que consume el país.

Celebrando otro aniversario de la Ley INRA, las autoridades informaron que se saneó alrededor de 70 millones de hectáreas, correspondiendo al actual Gobierno 64 millones, cifra de dudoso contenido, pues querría decir que se saneó dos tercios del territorio nacional, lo cual no tiene visos de veracidad, ya que se sabe que los trabajos de saneamiento sólo se realizaron en zonas tropicales de grandes haciendas, mientras en las zonas andinas de minifundios, la medida no se aplicó o bien se lo hizo en mínima proporción. En efecto, las tierras saneadas no pasarían de un tercio del total nacional y faltaría sanear alrededor de 30 millones de hectáreas de las zonas del altiplano, valle y yungas del país.

Pero lo que cabe destacar no sólo tiene que ver con los datos numéricos señalados, sino que se confirma que el saneamiento no dio algún resultado para mejorar la agricultura, por el contrario, está empujando a ese sector de la economía a un estado de crisis total, como prueba la caída de la producción agropecuaria, lo cual se debe a la aplicación del saneamiento.

De otro lado, el saneamiento -que anuló los títulos de propiedad otorgados a los campesinos por la Reforma Agraria de 1953- originó el desaliento de los trabajadores de la tierra, ya que al haber sido despojados de su derecho de propiedad (en algunos casos inclusive total o parte de la tierra) dejaron de trabajar sus parcelas, las abandonaron y prefirieron migrar a las ciudades.

Fruto de dicho fracaso, tanto de la vieja como de la nueva Ley INRA, es la inseguridad alimentaria que hoy enfrenta el país y que obliga al Gobierno a hacer campañas para que la agricultura nacional recupere los índices anteriores, iniciativa que seguramente fracasará, ya que la legislación agraria vigente -inspirada en la Ley INRA del gobierno de Sánchez de Lozada y la nueva Constitución- es anticampesina, antidemocrática y antiindígena.

Se puede concluir que cuando un Gobierno dicta medidas agrarias, ellas deberán estar destinadas a solucionar el problema agrario y, en particular, mejorar la actividad productiva de la agricultura. Pero si esas medidas -como la ley agraria de Sánchez de Lozada, hoy en vigencia- sólo registraron caída de la producción, migración a las ciudades, ruina de los agricultores, necesidad de importar alimentos por alrededor de 100 millones de dólares, etc., querrá decir que esas disposiciones fueron un fracaso absoluto y que se debe rectificarlas, aunque cabe la pregunta: ¿quién pone el cascabel al gato?