La historia de una enajenación

Las aguas del manantial boliviano Silala nacen en los bofedales de la región de Quetena, ubicada en la provincia Sud Lipez del departamento de Potosí.

El 7 de septiembre de 1908, la Prefectura de Potosí atiende la petición de la empresa inglesa The Antofagasta- Bolivia Railway Company Limited para dotar del líquido al ferrocarril a vapor Antofagasta – Oruro mediante adjudicación inscrita en Derechos Reales de la provincia Sud Lipez.

Durante cinco décadas no existen registros de pagos efectuados por la compañía a la Prefectura potosina y es en 1961 que el ferrocarril a vapor cambia a combustible diesel. Un acuerdo de transferencia unilateral derivó el uso del recurso al Estado chileno, convirtiéndose en un contrato entre privados. La compañía inglesa cambia al grupo Luksic y Codelco que aprovechan el recurso para abastecer el establecimiento minero metalúrgico chileno de Chuquicamata.

En la década de los años noventa, las inspecciones en la región denuncian un desvió mecánico del agua hacia territorio chileno. Una comisión de parlamentarios junto a medios de prensa como EL DIARIO evidencian las construcciones y tuberías en una zona despoblada y desatendida, tal como sucedió en el perdido Litoral boliviano.

En 1997, el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada revocó la concesión a la empresa inglesa y se habló por vez primera de la deuda histórica, pero Chile argumentó que hubo un acuerdo de “carácter gratuito”. También se trató de imponer, mediante cuatro notas refrendadas en 1999, la tesis de que el Silala no es un manantial sino un “río de curso sucesivo” que no puede ser cortado, porque además abastece a las poblaciones chilenas de la región.

La diplomacia boliviana fue errante en sus intervenciones de reclamo, desde los antipatria que comulgaban con la tesis chilena del “río internacional” o las firmas de contratos privados que cedían el recurso por 40 años a empresas bolivianas que anunciaron abastecer con agua potable a la segunda región de Chile. Se manejaron cifras de hasta 40 millones de dólares de por medio.

Chile sostiene sus argumentos en la jurisdicción internacional y cita que “Bolivia es dueña del curso superior de este río y Chile del inferior” y que la canalización del flujo hídrico se la realizó en territorio chileno, es decir, no hay desvío del agua que corre desde el cerro Silala.

También ratifican el concepto de agua internacional de curso sucesivo señalado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la navegación de 1997, las Resoluciones de la International Law Association en Helsinki de 1966 o la Declaración de Montevideo de 1933.

Aprovechando la inexperiencia de la diplomacia boliviana, también se argumentan los planos y cartografía previa a la firma de la concesión, donde se detalla como “río Silala”.

En 2000 se crea el Grupo de Trabajo Conjunto para la resolución pacífica de controversias que derivó en el Preacuerdo del Silala de 2008. Las negociaciones quedaron estancadas por la férrea oposición de los cívicos de Potosí y los comunarios de Quetena que cuestionaban la no mención de la deuda histórica y porque se reconocía para Bolivia sólo el 50 por ciento de la propiedad del agua, reiterando la tesis chilena.