El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, sugirió a la Fiscalía que se declare incompetente ante la acusación del supuesto delito de “difusión e incitación al racismo y la discriminación” en contra de los medios de comunicación EL DIARIO, ANF y Página Siete, indicando que esta problemática tiene que ser tratada mediante la Ley de Imprenta.
Vargas ratificó que no existe delito de imprenta y mucho menos de orden público, razón por la que las diferentes asociaciones de prensa estarían atentas a la terminación de está acusación.
“La Fiscalía debería declararse incompetente para conocer y resolver el caso y desviar el mismo hacia los tribunales de la Ley de Imprenta, no está bien fundamentada, no existe delito de imprenta y mucho menos de orden público”, indicó.
Ante la toma de declaraciones a los tres medios de comunicación en la Fiscalía, Vargas consideró que la continuidad que le da el Gobierno a este proceso penal sólo busca amedrentar a los medios de prensa independiente y que el Gobierno mediante la justicia pretende sancionar la labor de la prensa.
“Es un amedrentamiento directo a la libertad de expresión y una invitación abierta a la autocensura de los periodistas”, señaló.
La autocensura sería otra de las formas que atentan a la libertad de prensa y la propia libertad de expresión, pues con este antecedente se altera el normal funcionamiento de las mesas de redacción que tendrán temor de expresarse y difundir declaraciones de terceros a riesgo de ser procesados con el Código Penal que establece de tres a siete años para los periodistas que sean halados culpables de estas casusas privadas.
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