La normativa fue tratada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para luego ser remitida al pleno camaral. Sin embargo, esta ley es observada por sectores como el transporte, los gremiales e instituciones como la Defensoría del Pueblo. El Gobierno y ambas cámaras legislativas mantienen reuniones con el fin de evitar movilizaciones y lograr consenso con dichos sectores.
Sin embargo, la reunión que estaba programada para ayer, fue suspendida sin una fecha establecida. Las razones fueron una supuesta tardanza por parte de las presidentas de ambas cámaras legislativas y del ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El sector del transporte, presidido por Franklin Durán, no estuvo dispuesto a esperar y con el argumento que “estuvieron más de una hora esperando” se retiraron de los predios de la Asamblea Legislativa, ratificando su rechazo ante la norma. Asimismo, afirmaron que se reunirán en las próximas horas para definir las medidas de presión que asumirán.
“Las delegaciones han retornado a sus distritos, el Comité Ejecutivo no puede asistir solo, no podemos hacer nada”, dijo Durán.
Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño sostuvo que cuando ella se aproximó al lugar de reunión, “sólo había cinco personas”, por lo que el objetivo no pudo ser cumplido.
A su turno, el diputado por Convergencia Nacional (CN), Luis Felipe Dorado, indicó que el Gobierno cometió un error al intentar poner en vigencia una ley de esa naturaleza. por lo que ésta debe ser anulada.
“Con esta norma se atenta contra la propiedad privada. La Constitución Política del Estado (CPE) tiene que respetarse y esta ley dice que en cinco días se va monetizar los bienes de una persona”, citó.
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