El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, informó ayer que se incautaron alrededor de 700 mil litros de diesel y gasolina que intentaban salir del país, por la vía de contrabando, entre enero y septiembre de esta gestión.
Explicó que los operativos se realizaron en coordinación con la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y las Fuerzas Armadas.
“Es un trabajo importante de incautación que hemos logrado, se incautó alrededor de 700 mil litros entre diesel y gasolina. Nos hemos unido con la Aduna Nacional y las Fuerzas Armadas para los operativos” indicó a la ABI.
Medrano anotó que los operativos de incautación se realizaron en distintas zonas fronterizas, tales como Guayaramerín, Puerto Suarez, Desaguadero, Escoma, Tambo Quemado, Villazón, Bermejo y Yacuiba, entre otros.
El director de la ANH dijo que todas las cantidades de diesel y gasolina incautadas por entidades estatales, se transfieren a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), “como las normas lo dicen”.
ZONA ANDINA
En la zona andina se secuestraron 2.855 litros de combustible en diferentes operativos ejecutados entre septiembre y octubre de este año en la zona andina del departamento de La Paz.
El 25 de octubre en Charagua, frontera con Perú, se decomisaron 1.290 litros de diesel oíl envasados en 28 bidones que pretendían ser trasladados de forma ilegal en dos minibuses a la localidad de Puerto Acosta, según información de la entidad.
Durante el operativo, que contó con el apoyo de la Policía Rural Fronteriza, se detuvieron a dos personas en un vehículo, estos fueron entregados a la fuerza pública.
El 25 de septiembre en la ruta Viacha-Chama, personal operativo de la ANH detuvo a tres buses que transportaban combustible con fines ilegales.
Envasados en bidones de plástico, cada uno de los vehículos llevaba 415, 220 y 930 litros de diesel oíl respectivamente.
La norma, que incorpora el artículo 226 del Código Penal, establece que la persona que “almacene o comercialice diesel, gasolina o Gas Licuado de Petróleo, sin estar autorizado por la entidad competente, será sancionado con la privación de libertad de tres a seis años y la confiscación de los bienes e instrumentos para la comisión del delito”.
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