ANP reitera que los Tribunales de Imprenta son la instancia legal y constitucional reconocida para tratar los casos relacionados con la información.
El editor general de esta casa periodística, Ernesto Murillo, declaró ayer ante la Fiscalía por el proceso iniciado debido a la difusión de las palabras del presidente Evo Morales del pasado 15 de agosto y que provocaron reacción en la sociedad. Murillo aseguró que no existe delito cometido. En tanto, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, sostuvo que pese a la vigencia de la Ley de Imprenta, el proceso a los tres medios de comunicación continuará por la vía ordinaria.
“No se ha tergiversado la noticia, sólo fuimos agentes objetivos de un hecho. No hicimos opinión, se reflejó un hecho y lo reflejamos con sus consecuencias”, dijo Murillo.
Al ser consultado sobre si el proceso correspondería tratarlo bajo la Ley de Imprenta, Murillo respondió que no hubo delito alguno y por tanto no existe acción penal alguna que perseguir.
“Si no hay materia de juicio, no hay nada. Si existiese un error, la parte afectada debería mostrar que hubo un error”, sostuvo.
Por otro lado, el gerente general de este medio de comunicación, Jorge Carrasco Guzmán, ratificó esta postura y señaló que EL DIARIO procede a rectificarse cuando se efectúa un error, lo que no sucedió en el caso de la publicación del 16 de agosto sobre el discurso del presidente Evo Morales.
“Nos hemos limitado a reproducir lo que estaba sucediendo. Cuando nos equivocamos nos rectificamos, pero en este caso no corresponde, porque no hemos tergiversado nada. No hubo un delito que atente contra la ética periodística ni mucho menos hubo un delito penal. Somos un medio apolítico, por eso tenemos 108 años de antigüedad, no somos de oficialismo ni de oposición, hacemos periodismo”, aseveró.
En tanto, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, afirmó que el Ejecutivo continuará con los procesos en contra del periódico Página Siete, la Agencia de Noticias Fides (ANF) y EL DIARIO, por la vía ordinaria.
“Hemos tomado una decisión. Creemos que ha habido un daño, hay un proceso y ese proceso tiene que seguir su curso normal”, citó.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) determina que las faltas cometidas en la difusión de mensajes, en caso de que las hubiera, deben ser procesadas ante el Tribunal de Imprenta.
“Las faltas cometidas en la difusión de mensajes, a través de medios de difusión, deben ser procesadas en un Tribunal de Imprenta, una jerarquía judicial reconocida en la Constitución Política del Estado (CPE)”, expresó el director ejecutivo de la institución, Juan León Cornejo.
Este lunes, declararon ante la Fiscalía General del Estado, los directores de ANF y del diario local Pagina Siete, el padre católico y comunicador José Gramunt y Raúl Peñaranda, respectivamente. Ambos ratificaron la vigencia de la Ley de Imprenta y que no se cometió delito alguno, además de afirmar que esta instancia judicial no es válida para regular o procesar la labor informativa.
El 16 de agosto de este año, los medios de prensa publicaron el discurso del presidente Evo Morales, emitido día antes en Tiwanaku, donde dijo que las costumbres del oriente y el altiplano así como la productividad agrícola son diferentes. “Sólo por flojos podemos hambrear”, fueron sus palabras y estas causaron molestia en sectores productivos de Santa Cruz.
Luego, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijeron que se había cometido una tergiversación y que se iba a “sentar un precedente” contra los medios informativos.
De esta manera, el 25 de agosto, el Ministerio de la Presidencia decidió iniciar un proceso penal ordinario a dos periódicos y una agencia por supuesta “incitación al racismo y la discriminación” al haber difundido la reflexión del mandatario, en el marco de la Ley 045 y los artículos mordaza que fueron anticipados en 2010.
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