No se concreta el diálogo y surgen acusaciones contra sectores sociales

Mientras el presidente Evo Morales asegura que los sectores sociales que se oponen al avance de la Ley de Extinción de Dominio Público defienden al narcotráfico, el diálogo no se concreta y las observaciones a la normativa continúan, así como las medidas de presión anunciadas por el transporte público. Por otro lado, legisladores de oposición plantean que en la norma se incluya la rendición de cuentas de bienes que excedan el monto que establezca en la norma.

“No faltan algunas organizaciones por ejemplo (que) parecen como defensores de contrabandistas. Es un problema muy serio (…) Algunos que están metidos en narcotráfico, en contrabando tal vez usan algunas fuerzas sociales para defender bienes mal habidos, bienes que tal vez vienen de un negocio ilegal, ilícito”, manifestó el primer mandatario.

En respuesta a estas acusaciones, el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, expresó su molestia ante las aseveraciones del presidente.

“No es posible que el presidente nos diga eso, nos indigna porque somos el sector que más apoyo le hemos dado”, citó.

Al conocer estas acusaciones, el diputado del MAS y representante de este sector, Javier Santibañez, acusó de “canalla” a quien hizo estas afirmaciones, sin conocer que fue el mismo mandatario quien vertió estas palabras.

“El que ha hecho esa aseveración es un canalla. Yo conozco a mis choferes, nosotros actuamos orgánicamente. Pongo las manos al fuego por ellos”, afirmó.

A su turno, una de las representantes del sector de los gremiales, Marina Cruz, expresó que “si nos dicen que nos están dando dinero los narcotraficantes, entonces pues que nos separen, que hagan leyes para los contrabandistas, narcotraficantes y comerciantes”.

Los sectores de los transportistas y gremiales a nivel nacional mantienen su postura de rechazo ante esta normativa asegurando que ésta debe ser eliminada. Los primeros sostendrán una reunión en la que determinarán nuevas medidas de presión. De igual manera, los gremialistas, luego de la marcha que movilizó a más de 9.000 personas a nivel nacional, también evalúan endurecer sus medidas si el Gobierno no se pronuncia al respecto.

Según la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, existe una mala información entre quienes no aceptan esta normativa y ratificó que el espacio del diálogo estará abierto por lo que la ley no será tratada en detalle en el pleno camaral “hasta que todas las dudas sean despejadas”.