Anunciado fracaso de la reforma judicial

Desde antes del sexenio “masista” se estaba haciendo enérgicas críticas contra el pésimo estado de la administración de justicia del país y menudeaban las denuncias de corrupción, retardación, tráfico de influencias, irregularidades de todo tipo y, en síntesis, se afirmaba que “todo andaba mal”. Frente a esa situación, diversos sectores sociales demandaban soluciones y que se procediese a fondo para erradicar los vicios denunciados.

Diversas instituciones sociales y tiendas partidarias se hicieron eco de las protestas y el grupo político populista que hoy está a cargo de las riendas del Estado, se convirtió en el abanderado de la lucha por una profunda reforma judicial. Es más, ofreció una reforma judicial tan radical que inclusive llegó a proponer que en el país sólo existiese la “justicia comunitaria”, aunque sólo logró que se la aplique en alguna medida y únicamente en algunos sectores sociales.

Andando el tiempo, el nuevo Gobierno dictó una nueva Constitución y empezó a promulgar medidas para encarar la crisis de la administración judicial, pero, en especial, aplicó la idea de que las autoridades judiciales ya no serían designadas por el Poder Ejecutivo sino que tendrían origen en elecciones generales. Esas dos fórmulas pondrían fin a la prolongada y profunda crisis judicial que encaraba el país.

Las propuestas no dejaron de causar cierto optimismo entre la población que, por su parte, en medio de grandes dudas, señaló que su éxito o fracaso dependía de la aplicación de las medidas, considerando que en la práctica se sabe si las ideas son buenas o malas. Se dio, en esa forma, al gobierno “masista” el derecho a la duda.

Pero, efectivamente, hace alrededor de tres años todas esas medidas fueron puestas en ejecución y, confirmando las dudas sobre su eficacia, ahora los hechos han venido a demostrar que el proyecto reformista resultó poco menos que un fracaso completo. Y es que al presente la justicia se encuentra en igual o peor estado que antes, con el agravante de que todas las esperanzas desaparecieron, ya que la “reforma” resultó un descalabro de magnitud, pues no fueron erradicados los vicios que se enfrentaba, salvo algunas excepciones.

Se debe recordar que en su debida oportunidad se dijo que si no se producían soluciones de fondo en la vida de la sociedad boliviana, sería imposible el éxito de algunas medidas de reforma al sistema judicial. En efecto, las observaciones resultaron correctas y se están confirmando plenamente, tanto que el Presidente y ministros de Estado denuncian que la justicia sigue de mal en peor y que son necesarias algunas medidas para solucionar las grandes dificultades que enfrenta, debido a los nuevos funcionarios, por una parte, como a que las leyes vigentes y aun la Constitución no están de acuerdo con la realidad nacional.

Entre tanto, la administración judicial es lenta, morosa y llena de dificultades y hasta objeto de denuncias de corrupción e ineficacia, al punto que un magistrado afirmó que sus resoluciones se basaban en “consultar” a la hoja de coca. La retardación de justicia es tan aguda que las cárceles del país se llenan aún más de inocentes, los encargados de administrar justicia pecan de lenidad e inclusive algunos de ellos son sometidos a juicios por incumplimiento o mala práctica judicial, todo lo cual implica que en cuanto a la administración de justicia estamos en el mismo punto de partida de hace decenios.