Oposición advierte que normativa podría conceder atribuciones excesivas a sectores

La oposición advierte que el proyecto de la Ley de Control Social podría conceder atribuciones más allá de las establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE) dada la politización y militancia de las denominadas “organizaciones o movimientos sociales”, que tendrán tuición en las empresas públicas y de servicio al Estado.

La diputada por Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, explicó que la esencia de lo que significa el control social, se refiere a que la sociedad organizada debe trabajar de manera conjunta y establecer este rol en beneficio de la población total.

“Sin embargo, este proyecto de ley, pretende crear grupos de poder que a partir del chantaje y de una posición sectorial, ingresarán y se apoderarán de las instituciones públicas para defender sólo intereses sectoriales, atribuyéndose la representación de todos los bolivianos”, dijo.

Reyes explicó que la verdadera intención de esta normativa es que para cada problemática existente, debería involucrarse una organización o sector que tenga vínculos al respecto.

“Por ejemplo, si ocurriera un problema en el área de la educación, tienen que actuar las juntas escolares o los padres de familia. Otro sector no puede opinar al respecto”, puntualizó.

A su turno, la diputada por Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, sostuvo que existe el riesgo de que las organizaciones o movimientos que realicen este control social sean aquellas afines al partido de Gobierno, lo que derivaría en serias consecuencias para la estabilidad democrática.

“Sabemos que las organizaciones sociales son el brazo operativo del MAS y lo único que quieren es defender intereses políticos partidarios. La CPE establece ciertas funciones que esta ley no puede exceder. Lo que pretenden es coartar la labor fiscalizadora de los asambleístas de oposición”, aseveró.

Por otro lado, el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, señaló que existe la posibilidad de que los miembros de esta organización de control social puedan contar con su propia oficina y hasta podrían recibir un salario en las instancias del Estado.

“El rol de las organizaciones sociales es importante, nunca antes se había dato esto. Podrían tener su propia oficina para que hagan una labor más de cerca”, citó.

El martes, la Confederación de colonizadores o interculturales presentaron la propuesta del anteproyecto de Ley de Participación y Control Social, con el objetivo de fiscalizar a las entidades públicas y así detectar hechos de corrupción.

“La plata del pueblo depende de ustedes. Sin hay un control realmente social y participación de las distintas fuerzas sociales, con seguridad se destinará bien la plata del pueblo. Nadie puede ocultar la información, pues el que no roba qué tiene que ocultar. No hay por qué tener miedo a la rendición de cuentas”, dijo el presidente Evo Morales en la oportunidad.

A su turno, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo explicó que el documento recogió las propuestas y observaciones de al menos 305 organizaciones sociales desde el 2008. Asimismo, aclaró que el Control Social fiscalizará a los cuatro órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), a las empresas estatales y a las privadas que presten servicios públicos.

En tal sentido, toda instancia dependiente del Estado quedaría bajo la observación de estas organizaciones como las universidades públicas, municipios, gobernaciones, la Policía Nacional e incluso las empresas con capitales estatales.