En el último quinquenio se ha hecho normal que los organismos internacionales consideren a nuestro país como gran productor de droga; se nos ha parangonado con Colombia y Perú y hasta se considera que cárteles de la droga asentados por muchos años en Colombia y México, se habrían trasladado a nuestro territorio para conducir personalmente mayores sembradíos de coca y fabricación de droga. Si bien parte de lo afirmado puede ser cierto, las exageraciones internacionales llegan a extremos, como decir que “el Gobierno no hace nada por contener el negocio de las drogas ilícitas”.
Labores de interdicción, prevención y educación contra las drogas son continuas en el país; las acciones de UMOPAR y FELCN son permanentes y de ahí que cada mes los balances son altos en relación con el decomiso de drogas, lo que han comprobado muchos organismos internacionales. Sin embargo, es efectivo que las plantaciones de coca han aumentado desmesuradamente en los últimos años; la aprobación de “catos” a favor de las familias cocaleras ha resultado un gran incentivo para mayores plantaciones y la migración a las regiones productoras es cada vez mayor, especialmente por la falta de fuentes de empleo.
La presencia de los famosos cárteles puede ser evidente porque el narcotráfico, en su tenebrosa labor, busca imponer su poder en todo el país y jamás descuidará los sitios o regiones donde se cultive coca, se pueda industrializarla y ser centros de acopio e inicio para su comercialización en el mundo. Tampoco descuidará el lavado de dinero, porque está comprobado que los países pobres y subdesarrollados como el nuestro son centros vitales para legalizar dinero que está sucio. Los empresarios de las drogas aprovechan toda situación de falencia económica en países donde la pobreza hace estragos, especialmente por la ausencia de empleo.
Los organismos internacionales como Naciones Unidas y los países consumidores de droga, endilgan a los pobres y productores del letal veneno, que son “causantes del incremento del narcotráfico”, cuando la verdad, bien sabida por ellos, es que si hay incremento en la producción y oferta es porque hay exigencia de los que consumen y que siempre están dispuestos a pagar cualquier precio por la droga. Por otro lado, esos países industrializados nada hacen por reducir sus exportaciones hacia Bolivia de químicos o precursores para la fabricación de droga, aun sabiendo que esa producción no es posible en el país. Cabe preguntar: ¿qué hacen los países fabricantes de precursores para evitar que esa producción sea cada vez mayor? ¿Qué medidas adoptan contra las plantas industriales que fabrican esos químicos? ¿Por qué no evitan que aviones, camiones de carga, ferrocarriles, barcos, etc. trasladen esa producción a los países como Bolivia que fabrican droga?
En nuestro país, hay conciencia en gobernantes y gobernados, de que la guerra contra el narcotráfico no puede parar; pero habría que preguntar también: ¿cuáles son las causas que determinan la producción y comercialización de drogas ilícitas? ¿Qué hacen los ricos y desarrollados para ayudar a crear riqueza en calidad de socios y generar empleo para reemplazar “fuentes de trabajo” creadas por el narcotráfico? Cabrían, pues, respuestas condignas con realidades que son de conocimiento y conciencia de todos.
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