La justicia es buena, su administración es mala

Desde hace mucho tiempo circulan en el pueblo expresiones sobre la justicia y su administración: “La justicia es mala” o “No hay peor injusticia que la justicia boliviana”, etc. La verdad es que, en cualquier sitio del orbe, la justicia siempre es buena, es el conjunto de leyes y disposiciones que están para bien de la humanidad y quienes han confiado en la justicia lo han hecho teniendo en cuenta su transparencia y los principios de equidad y ecuanimidad con los que debe ser aplicada.

Pero la justicia en tal sentido no siempre es debidamente administrada por quienes están llamados a imponerla o usarla en bien del ser humano. En nuestro país, con excepciones muy ponderables, quienes han asumido funciones de jueces, fiscales y personal superior de apoyo, no siempre han sido idóneos, dignos, honestos y responsables, como se deseaba.

Por principio constitucional, los tres Poderes del Estado -Legislativo, Judicial y Ejecutivo- son independientes, sin intervención directa de uno y otro sobre los otros, como medio para que sus labores desarrolladas con responsabilidad sean de beneficio para todo el país; sin embargo, casi ha sido normal la acción del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial porque jueces, fiscales y personal superior han sido elegidos “a dedo” por conveniencia de los integrantes del Ejecutivo o del partido del régimen.

Cuando se anunció que la elección de los integrantes del Poder Judicial sería mediante el voto popular y sobre la base de la idoneidad, méritos, experiencias y valores de los candidatos abogados que, además, sean ejemplo de honradez y responsabilidad, surgieron esperanzas. Quienes presentaron su documentación de antecedentes ante el Legislativo aducían reunir todas las condiciones de ley; sin embargo, también por parte del Poder Legislativo hubo preferencias, aceptación de recomendaciones político-partidistas y hasta razones personales para designar a quienes integrarían el Poder de administradores de justicia.

Efectuadas las elecciones y, finalmente, designados y posesionados los integrantes de poder tan importante, resultó que la administración de justicia adolece de los mismos o peores defectos que cuando su designación la hacían directamente las autoridades ejecutivas conforme a sus conveniencias y las de los partidos políticos a los que pertenecía el gobierno. Hoy, la administración de justicia pone en vigencia las frases pronunciadas, como criterios generales del pueblo sobre la justicia, endilgándole todo lo que corresponde a quienes administran la aplicación de la Constitución, las leyes y los códigos procedimentales.

Es lamentable para toda la población que quienes ocupan altos cargos en la magistratura que atiende el Poder Judicial no hayan tomado conciencia del importante papel que deben cumplir; que en su mayoría no tengan noción de que su misión es de servicio y que la administración que está en sus manos debe ser transparente, con honestidad y responsabilidad, condiciones importantes para cumplir lo que juraron.

No obstante, queda siempre la esperanza de que todos los que incumplen sus labores tomen conciencia de la majestad de la justicia y la respeten.