Una “aberración jurídica” contra la libertad de expresión

El proceso judicial que el Gobierno instauró contra tres medios de comunicación social, de hecho constituye una “aberración jurídica” que, por primera vez, marcará en la historia de Bolivia el inicio de un periodo que cierra el ciclo democrático de 30 años y abre un nefasto periodo de “conculcación de la libertad de expresión”, que no es propiedad de los periodistas y, por el contrario, significa la libertad misma que, proclamada el 6 de agosto de 1825, pertenece a todos los habitantes de nuestra sagrada Patria Bolivia.

La libertad, como concepto, ha sido motivo de análisis desde la Grecia Antigua hasta nuestros días, entendida como la posibilidad de la autodeterminación, liberación de algo o simplemente espontaneidad. A partir de Friedrich Hegel (1770 - 1831), la humanidad comienza a considerar que este razonamiento, fundamentalmente, se la concibe como “la libertad de la idea” que no significa el libre albedrío, sino que cuando se la libera (a través de la expresión) se produce “su auto desenvolvimiento dialéctico”. Este pensamiento sustenta la evolución del concepto de la Libertad de Expresión, como principio de la libertad misma.

En los 30 años de democracia varios fueron los intentos para conculcar la libertad de expresión, pensando que la abrogación de la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925, “sólo limitaría el trabajo periodístico” en función a los intereses corporativos del partido de gobierno, empero la verdadera intención, como era de esperarse, fue “buscar la forma” para cerrar o limitar el margen de libertad de prensa a través de varios proyectos de Ley vinculados con el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Comunicaciones, la Ley del Ministerio Público y otros.

De manera directa, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1987) trató de imponer la famosa “Ley Mordaza”, con una abierta abrogatoria, tratando de tipificar los delitos de imprenta como delitos penales y sujetos al Código de Procedimiento Penal.

En la actualidad, rigen en Bolivia con serias limitaciones incorporadas en su normativa, la Ley del Órgano Judicial, Ley del Régimen Electoral y aquella contra el racismo y la discriminación. En lo fundamental, observamos que tales disposiciones violan la nueva Constitución Política del Estado y varios acuerdos y tratados internacionales vigentes en Bolivia, en relación con la defensa de los derechos humanos.

El poder central busca hoy, en la mirada del ciudadano común, imponer su caprichosa interpretación de la “noticia que protagonizó el Presidente del Estado”, mostrar ante la opinión pública nacional e internacional que “los periodistas tergiversan” y, por lo tanto, nadie les “pone el cascabel al gato”. El resultado positivo para los ideólogos de la comunicación estatal es la “plena vigencia” de la referida Ley, no importa a quienes sacrificar y menos el costo que pueda significar en ese cometido.

Los medios de comunicación y los periodistas que enfrentan el “proceso judicial”, dicho sea de paso, “sin pies ni cabeza”, como se dice vulgarmente, se han convertido en los “chivos expiatorios” que deben “servir de ejemplo” contra los cientos de comunicadores independientes, éticamente responsables y formados en la línea del servicio a la sociedad y la Patria, tal como ocurre con el célebre maestro de muchas generaciones de periodistas, que no descansa pese a los muchos años de vida que ha dedicado para orientar y enseñar a través de su columna periodística “Es o no es verdad”, nacionalmente e internacionalmente difundida, por su integridad, sapiencia y serenidad.

El sacerdote jesuita José Gramunt de Moragas, (periodista boliviano) significa para el periodismo el más importante referente y el estricto profesional que no dio margen a la violación, equivocación y menos tergiversación de la noticia como tal, por su firme convicción en el cumplimiento de las normas de la ética periodística y la moral pública. Debo agradecer al destino que fui uno de los tantos alumnos que tuvo la oportunidad de recibir el caudal de sus conocimientos y exigencias, como periodista, y destacar sobre todo sus lecciones de ética e integridad periodística.

Pero, además, está entre los “enjuiciados” el periódico que pasó el límite de los cien años de existencia al servicio de la comunidad: EL DIARIO. Si tiene la edad que se lee en sus ediciones diarias, debe haber una razón muy grande y poderosa para que el país en general lo acepte como un instrumento de información, orientación y entretenimiento, con las virtudes y defectos, como ocurre en todo emprendimiento, en el cual el ser humano dedica su esfuerzo, sin escatimar ni limitar su dedicación y sacrificio que le permita cumplir con los objetivos de servicio. Lo dicho también se hace extensivo al periódico “Página 7”, convertido hoy en el blanco de la represión política.