Transportistas y Legislativo en nuevo intento de diálogo por Ley de Extinción de Dominio

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el representante del sector del transporte, Javier Santibáñez, informó que las nueve federaciones del país que conforman la Confederación de Choferes de Bolivia, presidida por su ejecutivo Franklin Durán, se reunirán el próximo martes con las presidentas de la Cámara Baja y Alta, Rebeca Delgado y Gabriela Montaño, para analizar la Ley de Extinción de Dominio Público.

“También estarán presentes la Cámara Boliviana de Transporte y la Coordinadora de Transporte de El Alto. El objetivo de la reunión es llegar a consensos con el sector y que las presidentas de ambas Cámaras expliquen los alcances y las modificaciones de la norma”, explicó.

Respecto a las medidas de presión que habría anunciado este sector, Santibáñez aclaró que éstas se consolidarán sólo si el tratamiento en detalle de la Ley de Extinción de Dominio Público se inicia sin haber llegado a consensos con los transportistas.

En tanto, según ABI, la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba amenazó con retomar sus movilizaciones si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) retoma el debate de proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado.

“Hemos quedado que a partir de la próxima semana estuviéramos saliendo en movilizaciones en caso que el Gobierno no estuviera dejando ya de lado el proyecto de ley”, advirtió el secretario ejecutivo de la COD, Luis Villarroel.

En una reunión con los sindicatos afiliados a la COD, Villarroel justificó el rechazo a esa norma, porque viola supuestamente la Constitución Política del Estado (CPE).

La Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado ha causado susceptibilidad en diversos sectores del país, debido a la incautación de bienes a simple denuncia que determinaría la norma.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que existe un debido proceso para consolidar esta incautación porque hay un plazo de 10 días para que la persona pueda explicar la razón de sus bienes, en caso de que fuera sorprendida infraganti y 15 días en caso contrario. Asimismo añadió que a estos plazos, se agregará un tiempo “especial” para el acusado que se encuentre lejos del lugar donde tenga que declarar, pueda trasladarse.

“Si soy supuesto narcotraficante tendrá que pesar sobre mí una denuncia. El Ministerio Público tendrá que colectar indicios, pruebas pre constituidas, y tendrá que requerir a la autoridad que se me impute con base en un análisis de prueba. Deberá acusarme formalmente de haber incurrido en un delito de narcotráfico, solo así se activa el procedimiento. No hay forma de que sea abusivo. El procedimiento de extinción de dominio está subordinado a la decisión de un juez en materia penal, a requerimiento de un fiscal sobre la imputación de uno de esos cuatro delitos”, explicó Romero, el fin de semana.

También señaló que sí existe la “inversión de la prueba” en el proyecto de ley, es decir que el presunto delincuente debe demostrar la licitud de los bienes que intervinieron en el acto ilegal perseguido y no el Estado, porque se trata de “grandes delincuentes, que tiene poder económico no sólo para comprar 80 casas, sino para comprar jueces y fiscales”. Añadió que el objetivo es afectar el patrimonio de los delincuentes para evitar que el ilícito se reproduzca.

Asimismo, indicó que el monto a ser perseguido, establecido en Bs 70.000 en el proyecto de ley, también será modificado.