Las fortalezas institucionales

Vivir en un estado de Derecho por la vigencia de la Constitución Política del Estado y las leyes y contar, además, con un gobierno legal, constitucional y legítimo por causa de los votos emitidos por la ciudadanía, da lugar a pensar que la institucionalidad debe tener plena y absoluta vigencia en la vida del país.

Lamentablemente, el gobierno del MAS ha optado por la medida de acordar interinamente nombramientos y designaciones que no pasan por los canales correspondientes y, en la práctica, resultan designaciones “a dedo” a cargo del Primer Mandatario y de otros altos funcionarios de gobierno.

La fortaleza de un sistema democrático radica en que la vigencia de la Constitución y las leyes sea plena, absoluta, indiscutible y ajena a todo interés sectario y, todo esto, por la misma seguridad, capacidad, idoneidad, compromiso y responsabilidad de quienes poseen el mando de la República; en otras palabras, las improvisaciones y designaciones al azar no corresponden.

El Gobierno, por su legitimidad, no debe mantener cargos y designaciones en la administración pública por simple voluntad de quien cree poder ejercer ese derecho y no tiene que hacerlo. Hay previsiones claras y terminantes en los procedimientos legales que establecen normas para nombrar funcionarios y las condiciones que señalan esas disposiciones son para su estricto cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que la corrupción invade justamente las situaciones interinas, las funciones “ad-honorem”, los cumplimientos “de favor o por cumplir con el partido”. El pasado es rico de funcionarios que si bien fueron designados conforme a ley, algunos de ellos con mentalidad e intención corrupta, razonaban: “Para el poco tiempo que me durará el cargo, el sueldo no alcanza; entonces, mejor hacer lo que se pueda aprovechando el cargo” y así surgieron nuevos ricos que tan sólo fueron merecedores de “herencias de abuelita”. Esta es una realidad que se ha vivido en nuestro país y en administraciones de otros países, porque la falibilidad humana se presta para cualquier delito.

Es importante que el Poder Legislativo cumpla la parte que le corresponde en la elección y selección de funcionarios de la administración pública, porque los interinatos están sujetos a muchos peligros y no corresponde -salvo por pocas semanas- que sean encomendadas por simple capricho y voluntad de quien hace esas designaciones. Las experiencias enseñan que todos los interinatos han sido, de una u otra forma, fuentes de corrupción que se refleja en la ineficiencia, la deshonestidad, la incapacidad y, lo más grave y pernicioso, en la irresponsabilidad que, de todos modos, tendrá que caer sobre quien designa “a dedo”, como si el Estado fuese propiedad del que maneja el gobierno en un período circunstancial y momentáneo.

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo tienen grande responsabilidad y deben cumplir a cabalidad lo que manda la Constitución en el campo de la institucionalidad, cuyo acatamiento debe ser sagrado; no hacerlo implica simple imitación de quienes se hacen del gobierno por el derecho de la fuerza haciendo abstracción de la fuerza del Derecho.