Paro inoportuno del transporte nacional

El contrabando es un delito penado por ley y quienes lo consideren un hecho corriente prestando sus servicios de una u otra manera, se están constituyendo en cómplices o encubridores y, por lo tanto, son también pasibles a las sanciones condignas, inclusive desde el grado de presunción de hecho o de derecho.

Los contrabandistas no distinguen en qué clase de motorizados hacen su ilícito comercio y poco les importa si el vehículo que utilizan, al ser descubierto el delito, pudiera ser motivo de incautación o de penalidades vigentes en normas aduaneras.

Por lo tanto, el reciente paro general de transportes, además de incluir bloqueo de caminos, perjudicando el derecho ciudadano para transitar por el territorio nacional, cumplir sus obligaciones de trabajo y de otra naturaleza, significa apoyar inconscientemente la práctica ilícita del contrabando.

Si algunos propietarios de plataformas, camiones, buses o minibuses cargan contrabando, deliberadamente están comprometiendo sus bienes porque el contrabandista está sobornando para el uso de sus servicios con dinero en efectivo. Desde luego y téngase por seguro, que muchos de los transportistas no son protagonistas de esta clase de actividad y toman las previsiones que son de rigor porque resguardan su profesión honesta y sacrificada. Por el contrario, son los menos los que se prestan continuamente a servir de “colaboracionistas” en estas prácticas delictivas.

El paro de transportes ocurrido con este motivo tampoco debió ser nacional, porque los sindicatos de transporte urbano nada tienen que ver con este problema que particularmente está relacionado con el transporte pesado internacional, interdepartamental y provincial, lo que ha dado lugar a justificados reclamos de este gremio, ya que sus ingresos son diarios para el sostenimiento de sus familias y su ocupación sólo se refiere al transporte de pasajeros y carga citadina.

La causa del pasado paro de 24 horas a nivel nacional y el anuncio de otro de carácter indefinido, por sus perjudiciales efectos para el colectivo ciudadano en todo nivel, tendrá que ser tratado, mediante análisis integral, reflexivo y adecuado de la Ley de Extensión de Dominio de Bienes, entre la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Dirección General de Aduanas y la Confederación de Transportistas de Bolivia, para su posterior ejecución conforme a ley y a reglamentaciones aduaneras.

Por una parte, la Asamblea Legislativa no debería pretender aplicar una ley de forma draconiana sin medir sus alcances y consecuencias. Por otra parte, a los transportistas tampoco les asiste la autoridad para rechazar de plano una ley destinada a precautelar los intereses de la nación y sancionar los actos ilegales que la afectan.

¿Acaso no es evidente que la Aduana Nacional, pese a sus limitaciones de equipamiento y recursos humanos, no está poniendo al descubierto el ingreso de vehículos y mercadería en camiones, buses y minibuses, unas veces de manera clandestina y otras mediante soborno? ¿Acaso no es cierto que con esta actividad delictiva se evade crecidos impuestos al Tesoro Nacional, a diferencia de muchos bolivianos que pagan cumplidamente sus tributos y gravámenes aduaneros? ¿Acaso no es una dura realidad la falta de fuentes de trabajo a niveles industrial, comercial y agropecuario por la competencia desleal del contrabando?

Si es que se administra el país “obedeciendo al pueblo”, el Gobierno nacional tiene que convocar a los sectores en conflicto para conciliar y hacer conocer normas que corresponden al derecho de la nación, pero también recoger aquellas ideas que son patrimonio de los derechos ciudadanos y que no estén por encima de la Constitución y las leyes.

En el caso que estamos tratando, son los transportistas de larga distancia los que tienen que salir por los fueros de sus derechos en el duro y esforzado trabajo que realizan al trasladar mercadería hacia el exterior del país o desde fuera del país con regulaciones aduaneras y no respaldar a una minoría del gremio del transporte pesado que lo desprestigia y que se beneficia con ingresos irregulares en una actividad que vulnera las leyes.

El anterior paro y los bloqueos realizados han causado pérdidas millonarias a los sectores productivos del país, así como serios perjuicios al resto de la ciudadanía que trata de salir de la pobreza en un clima de paz y de trabajo.