Ejecutivo promete que norma no afectará a las “terceras personas de buena fe”

En entrevista con el canal gubernamental, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ratificó que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado no afectará a terceras personas como transportistas, entidades financieras o gremiales, en caso de que estos se vean involucrados involuntariamente en el tránsito de sustancias controladas o enriquecimiento ilícito.

“Si el transportista lleva un cargamento por una relación contractual y el mismo contiene contrabando, quien infringe la ley no es el transportista, sino el dueño del cargamento ilegal. En la Ley de manera genérica se ha establecido un artículo que dice que se salvaguardan los derechos de terceras personas de buena fe, esta es una categoría jurídica. ¿Quién es una tercera persona de buena fe?, es alguien ajeno al motivo que genera la tipificación de un delito, por ejemplo el transportista”, explicó.

Respecto a las entidades financieras, se estipula que en algunas situaciones, hacen un préstamo de dinero bajo la garantía de un bien inmueble, el cual no será afectado, en caso de que el usuario fuera acusado de narcotráfico debido a que dicho inmueble estará en calidad de hipoteca.

“No podríamos afectar ese bien que estaría hipotecado, queda fuera del ámbito de aplicación, porque en este caso estaríamos afectando al banquero, entonces el banquero es también un tercero de buena fe en este caso y tiene que ser salvaguardado en sus derechos”, puntualizó.

Por otro lado, indicó que los gremialistas, al estar inmersos en una economía informal no documentada, requieren únicamente de la declaración jurada de renta presunta de ingresos, a propósito del régimen simplificado, para acreditar la licitud de sus bienes en caso de verse afectados por esta ley.

Mientras tanto, el dirigente de la Coordinadora de Transporte Pesado de El Alto, Gustavo Rivadeneira, expresó que al inicio de la problemática, el sector rechazaba la norma aunque el objetivo era identificar los bienes procedentes y utilizados en crímenes organizados, extinguir el dominio de los bienes a favor del Estado, determinar el destino de los bienes cuyo dominio haya sido extinguido.

“Y en todo esto no encontrábamos una vía jurídica donde podamos demostrar y hacer conocer que no nos dedicamos a estas actividades sino que somos vulnerables de los a este tipo de comportamientos por ciudadanos que cometen estos delitos”, indicó a Panamericana.

Al ser consultado sobre las modificaciones a la normativa y lo que espera de la próxima reunión con las presidentas de ambas cámaras legislativas, Rebeca Delgado y Gabriela Montaño, Rivadeneira sostuvo que aunque es necesario combatir los delitos, espera que esta reunión sea fructífera en materia de consensos.