Al cumplirse casi un mes de conflicto entre el sindicato y los funcionarios de la Cooperativa de Teléfonos La Paz (Cotel) debido a supuestos malos manejos administrativos de la entidad y la pasividad de los representantes de los trabajadores ante esta situación, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, afirmó que “por el momento, está descartada una intervención de parte del Estado”.
Aseguró que las autoridades de Cotel no serán suspendidas, a pesar de la crisis económica y de los conflictos internos de esa institución, que fueron reportados por la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
“No solamente depende del Ministerio de Trabajo, también está en manos del Ministerio de Obras Públicas que tiene que ver con la ATT, así que nos hemos reunido con el Gerente General (Víctor Estada) y le hemos preguntado sobre la situación de la entidad y él nos ha dicho que los servicios están funcionando de manera permanente y que no hay ninguna posibilidad de que se suspenda la prestación de atención”, declaró el Ministro.
Asimismo aseguró que “se está pidiendo a la ATT y a los directivos de Cotel solucionar el conflicto jurídico que existe entre ambas instituciones por el incumplimiento de metas de la Cooperativa”.
El representante del sindicato de Cotel, Juan Carlos Medina, manifestó que los trabajadores de la institución mantienen la declaratoria de estado de emergencia.
“De no ser escuchados asumiremos otro tipo de medidas de protesta, queremos reunirnos con las autoridades para plantearles el problema y que nos den soluciones. Pensamos en los funcionarios y sobre todo en los socios de la Cooperativa”, dijo.
Recalcó que hace ocho meses que Cotel se está manteniendo sólo con el flujo de caja porque sus cuentas fiscales están congeladas. “Las largas filas en las sucursales se deben a que no es posible el pago en bancos”, aseguró.
La entidad registra una crisis financiera y administrativa debido a las deudas con impuestos y con ATT, que suman alrededor de Bs.72 millones, además de otras obligaciones con sus acreedores por Bs 25,5 millones, entre otros.
En los últimos años, la Cooperativa se vio afectada económicamente por una serie de actos de corrupción que presuntamente habrían cometido las máximas autoridades y algunos dirigentes de las anteriores gestiones, quienes deben ser investigados.
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