Economía de palabras
El gobierno del presidente Evo Morales ha decidido que, en vista de que falta gas natural para el consumo interno, el proyecto siderúrgico del Mutún usará carbón.
Las autoridades de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) han anunciado que se proponen comprar los equipos que la brasileña EBX tenía en la zona, equipos diseñados para usar carbón vegetal.
Es decir que para el ingreso del país a la era del acero hará falta importar carbón mineral o seguir talando los bosques del país para fabricar carbón vegetal.
Este es un nuevo tema que debería ser remitido al Tribunal Constitucional (TC), como acaba de hacer el presidente con el caso de la ley de extinción del dominio de la propiedad privada.
El artículo 367 de la Constitución Política del Estado dice: “La explotación, consumo y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados deberá sujetarse a una política de desarrollo que garantice el consumo interno”.
Y si esa frase no fuera suficiente, habría que considerar la segunda: “La exportación de la producción excedente incorporará la mayor cantidad de valor agregado”.
Las cifras del gas son conocidas. En enero los envíos a Argentina deberán ser de 19 millones metros cúbicos por día (MM m3/d), mientras que a Brasil se mantendrá el volumen de 31MM m3/d, sumando 50MM m3/d. La producción actual es de 56MM m3/d, lo que sólo deja un excedente de 6MM m3/d para el consumo interno, que es insuficiente incluso sin tomar en cuenta los requerimientos de la industria.
Mutún necesita 10MM m3/d, y un volumen similar el sector cementero, mientras que el déficit para el consumo domiciliario y el GNV, suma por lo menos 5MM m3/d.
Las alegres cifras de YPFB dicen que la producción aumentará en 10MM m3/d el próximo año, pero no aclaran que ese volumen adicional está ya comprometido, porque Argentina deberá recibir un total de 27,7MM m3/d.
En 2003, el dilema sobre el destino del gas natural, de si exportarlo o destinarlo al consumo interno, fue resuelto mediante la democracia participativa.
Ahora sería suficiente que el gobierno se proponga leer la Constitución, pero si no tiene tiempo, enviar todas sus iniciativas al TC. Salvo que prefiera la democracia participativa.
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