Gran parte de la ciudadanía vive sin un seguro de vida
El Gobierno se mantiene en la postura de aprobar una Ley de Seguro para Periodistas que incautará el 1 por ciento de los ingresos mensuales de los medios privados y el 0.25 por ciento de los medios comunitarios y declarados “independientes”, mientras otros sectores quedan en total indefensión en un tema que hace a la estructura del Estado, la seguridad ciudadana.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) ya denunció que el seguro que se tratará en el Senado fue observado por carecer de un estudio sobre la cantidad de beneficiarios y sobre todo por los alcances en la administración de los recursos que los legisladores y la ministra del área no supieron responder.
Más allá del gremio de los periodistas, existen otros sectores de la sociedad que requieren de la protección del Estado, porque ahora no se siente la presencia policial en un país que cada día amanece con atroces noticias de crímenes y atrocidades contra la dignidad humana.
La representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, dijo anteriormente que los uniformados carecen de las mínimas condiciones para ejercer su labor y son objeto de la inseguridad ciudadana, cuando son ellos quienes deberían perseguir a los delincuentes y no al revés.
Otro sector que se manifestó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados fueron las trabajadoras nocturnas o servidoras sexuales, quienes tienen un oficio de alto riesgo, no sólo por la peligrosidad de adquirir alguna enfermedad venérea o de transmisión sexual, sino porque constantemente son víctimas de agresiones y brutalidad al trabajar en horas de la madrugada. Este sector tampoco cuenta con un seguro de vida desde la parte patronal, demostrando que la ley no se aplica para toda la sociedad con equidad.
En el caso de los trabajadores de medios de comunicación, el seguro beneficiará solamente a las personas que estén registradas en alguno de los entes sindicales de las federaciones de la prensa, quedando relegados otros comunicadores que trabajan en otras áreas, fuera de las empresas informativas, como son los catedráticos y los profesionales colegiados. Otra discusión que advierte una clara discriminación es la diferencia que se ha establecido con arbitrariedad entre medios privados y comunitarios, porque si bien estos últimos son reconocidos dentro del concepto de plurinacionalidad, no son reglamentados por ninguna entidad sea Fundempresa, que registra a las empresas ni la Autoridad de Control y Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT).
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