Seguro de vida para trabajadores encuentra más dudas que beneficios en su tratamiento

El proyecto de ley, que fue aprobado en sus dos estaciones en la Cámara de Diputados el pasado 10 de octubre, encuentra dudas entre los propios trabajadores y desconfianza por la administración de esos fondos.

“Se ponen en peligro fuentes laborales porque algunos medios al no poder soportar esta nueva carga van a tener que buscar disminuir sus costos u otra alternativa que pone en riesgo las fuentes de trabajo”, expresó el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas.

Esta ley establece la creación de un fondo de financiamiento para un seguro privado de vida, contra accidentes y enfermedades para los trabajadores de la prensa, el cual estará constituido por recursos que emanen de los propios medios de comunicación.

“Son medidas que afectan en cascada y provocan más problemas al interior de las empresas de comunicación, que, de hecho, ya pagan sus impuestos y multiplica la serie de obligaciones que tiene que llevar adelante un medio”, expresó Vargas.

Se mostró crítico con el sistema de distribución porque conduciría a la “discrecionalidad” porque no son los trabajadores los que tendrán a su cargo el dinero, sino el Estado a través de sus representantes y sin aportar un solo centavo.

El legislador Roy Moroni Cornejo, de Convergencia Nacional (CN), exigió al Gobierno aportar económicamente a este seguro de vida para que no se convierta en sólo una medida que busque estrangular a los medios.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó este proyecto de ley, entre otras razones, por este pago diferenciado de aportes para los medios de comunicación. A ello se suma la voz de algunos diputados opositores.

“Los medios ya tiene mecanismo de seguro, se debería buscar la forma de mejorar esta relación, pero ese es un resorte del medio y los trabajadores”, opinó Vargas, quien se pregunta qué pasará con aquellas empresas pequeñas cuyo ingreso neto es pequeño o nulo, de manera que sus trabajadores quedarían sin protección y lo propio ocurriría con las entidades que no tienen una estructura comercial.

El proyecto de ley establece que los medios de comunicación privados y públicos destinen el uno por ciento de sus ingresos brutos generados mensualmente a este Fondo. No obstante, se determina que los productores independientes, autogestionarios y los medios de comunicación de los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y medios de comunicación social comunitarios aporten al Fondo con el 0,25 por ciento de sus ingresos brutos generados mensualmente.

El proyecto de ley establece, además, la conformación de un Consejo Directivo que estará encargado de controlar este Fondo que será administrado por una entidad financiera.

Vargas sugiere pensar en formas y seguros que vayan más a favor de los periodistas y, fundamentalmente, potenciar sus medios de trabajo, de manera que se garantice la estabilidad de los trabajadores en comunicación en los distintos medios.

“Esto tiene que ser sostenible, no es por rechazar ni nada, sino que todo proyecto de ley que pase por manos de esta Comisión Económica y Finanzas tiene que ser sostenible, eso es con una larga visión, tiene que tener revisión de bolivianos, y no para un momento, entonces ésa es la razón del por qué se está trabajando con toda responsabilidad”, manifestó el presidente de esta Comisión, senador Mario Choque (MAS).

“Habrá otras reuniones más”, dijo Choque, respecto a los trabajos que como Comisión continuarán realizando en los próximos días sobre este proyecto de ley, pues no descartó convocar a las organizaciones y representantes de los medios de comunicación para trabajar el documento.