Santa Cruz, (ANF).- La Gobernación de Santa Cruz pidió este martes al presidente Evo Morales archivar el proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, ante las diferentes protestas y reclamos que realizan sectores como los gremialistas y transportistas en contra de este proyecto.
Este martes, el sector gremial cruceño, a la cabeza de su dirigente Jesús Cahuana, bloqueó desde tempranas horas el acceso al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, razón por la que efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) fueron desplegados al sector para gasificar y detener a por lo menos 20 gremialistas.
A esta protesta se suma el paro de actividades que determinó también para este martes el transporte sindicalizado en este departamento.
“Nuestro llamado urgente al presidente del Estado, a don Evo Morales a que archive de una vez por todas este proyecto de ley para que los ciudadanos puedan estar tranquilos, para que los transportistas puedan volver a sus fuentes de trabajo, para que nuestros hermanos gremiales puedan volver a los mercados a trabajar, para que todos los bolivianos podamos estar tranquilos”, pidió el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña.
En esa línea, la autoridad pidió a las Fuerzas del Orden a que puedan ejercer un control del departamento en esta jornada de paro y movilización, pero sin generar violencia.
Al respecto del proyecto de ley, Peña señaló que el mismo posee un nombre “disimulado”, pues debería denominarse proyecto de ley de “confiscación de bienes”, pues criticó que la misma no respete derechos y garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Esta ley prevé combatir tres delitos: el narcotráfico, el contrabando y la legitimación de ganancias ilícitas. Para ello establece que las personas con un proceso penal por estos delitos deberán demostrar la licitud de sus bienes en 10 días, cuando el delito sea flagrante y en 15 días cuando el delito no sea flagrante.
El proyecto de ley establece que este proceso de extinción de bienes estará a cargo de la Procuraduría General del Estado, enmarcado en un proceso de acción administrativa independiente de la acción penal.
El presidente Morales decidió en pasados días enviar el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para verificar la constitucionalidad o no del mismo.
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